Caso de billyng en Catamarca, qué falta resolver en las dos causas judiciales
Tres adolescentes siguen imputados por la presunta difusión de imágenes íntimas, mientras la Justicia investiga a una joven mayor de edad por hostigamiento y analiza si hubo otros estudiantes involucrados.
La Justicia de Catamarca lleva adelante dos investigaciones vinculadas con una estudiante de 17 años de un colegio privado, a raíz de la presunta difusión no consentida de imágenes íntimas y de situaciones de hostigamiento que habría sufrido posteriormente. En total, cuatro jóvenes quedaron inicialmente bajo investigación, aunque por hechos y posibles responsabilidades diferentes.
Por un lado, tres adolescentes fueron imputados por la presunta producción y distribución de representaciones sexuales de una persona menor de 18 años. Por otro, una joven mayor de edad es investigada por episodios de hostigamiento, especialmente durante el viaje de egresados a Bariloche.
Entre las novedades del caso se encuentra la situación de uno de los adolescentes denunciados, quien pidió disculpas, se cambió de establecimiento educativo y no participó del viaje de egresados.
La situación judicial de los tres adolescentes
La primera causa está a cargo del fiscal Penal Juvenil Guillermo Narváez, quien formuló cargos contra tres adolescentes por su presunta participación en la producción y distribución del material íntimo.
Sin embargo, el proceso todavía tiene cuestiones pendientes. Las defensas de dos de los jóvenes solicitaron la nulidad del decreto de determinación del hecho, al cuestionar la precisión con la que se describieron las conductas atribuidas a cada uno.
La Fiscalía rechazó el planteo y, posteriormente, el juez de Control de Garantías confirmó la validez de la imputación. No obstante, uno de los abogados presentó una apelación que deberá ser revisada por una instancia judicial superior.
Hasta el momento de conocerse estas actuaciones, ninguno de los tres adolescentes había prestado declaración indagatoria.
Uno de los acusados pidió disculpas y cambió de colegio
Entre los jóvenes investigados existen diferencias en sus decisiones posteriores a los hechos denunciados.
Según trascendió, uno de los adolescentes pidió disculpas, se cambió de establecimiento educativo y no participó del viaje de egresados a Bariloche, al que sí asistió la estudiante afectada.
En cambio, los otros dos jóvenes continuaron vinculados al grupo escolar y formaron parte del viaje.
Estas circunstancias forman parte de los antecedentes conocidos del caso, pero no determinan por sí mismas la existencia de responsabilidad penal ni equivalen necesariamente a un reconocimiento de los delitos investigados.
Será la Justicia la que deberá establecer qué participación tuvo cada adolescente en la presunta producción o circulación del material íntimo.
La defensa cuestiona las pruebas reunidas
Marcos Gandini, abogado defensor de uno de los imputados, cuestionó la acusación y sostuvo que no habría elementos suficientes para demostrar que su representado participó en la difusión del material.
El letrado señaló que, pese a la recepción de testimonios y al secuestro de teléfonos celulares, no se habría acreditado que los acusados recibieran, reenviaran o distribuyeran el video.
También objetó que la imputación no detallara de manera suficientemente precisa la conducta atribuida individualmente a cada uno de los adolescentes.
Por estos motivos, la defensa busca que se revise la validez del acto procesal. Mientras se resuelve la apelación, los jóvenes mantienen su condición de imputados.
La investigación contra una joven por hostigamiento
La segunda causa tiene como protagonista a una joven mayor de edad que publicó en sus redes sociales un video en el que reconoció haber participado en situaciones de hostigamiento contra la estudiante.
Las actuaciones están a cargo de la fiscal Paola González Pinto y se centran en las agresiones, burlas y humillaciones que la víctima habría sufrido después de los hechos vinculados con el material íntimo.
En el video que se difundió, la joven relató distintas situaciones de maltrato hacia su compañera y reconoció que las burlas eran reiteradas.
La investigación deberá determinar si esas conductas tuvieron consecuencias sobre la salud psicológica de la estudiante y si los hechos pueden encuadrarse en una figura penal, como el delito de lesiones leves contemplado en el artículo 89 del Código Penal.
Para ello, las evaluaciones psicológicas podrían aportar elementos relevantes sobre la existencia de una eventual afectación y su posible relación con los episodios denunciados. Sin embargo, la constatación de un daño no implica automáticamente la configuración de un delito, ya que también deberán acreditarse los demás requisitos legales y las responsabilidades individuales.
La causa podría ampliarse a otros estudiantes
Otro punto pendiente es establecer si la joven investigada actuó sola o si otros compañeros participaron en las situaciones de hostigamiento denunciadas.
Los episodios ocurridos durante el viaje de egresados habrían involucrado a más estudiantes, por lo que la investigación podría ampliarse si se identifican otras personas que hayan intervenido en conductas relevantes para la causa.
En caso de que aparezcan adolescentes menores de edad entre los posibles involucrados, será necesario determinar qué autoridad judicial debe intervenir y cuál es el régimen legal aplicable según la edad de cada uno.
La eventual participación de varias personas no constituye por sí sola un agravante penal. Para establecer posibles responsabilidades, la Justicia deberá analizar la conducta concreta de cada participante y las circunstancias de los hechos.
Dos causas que buscan esclarecer responsabilidades diferentes
Las investigaciones avanzan por separado, aunque ambas están relacionadas con la situación denunciada por la misma estudiante.
En la primera, el fiscal Guillermo Narváez deberá continuar con las actuaciones por la presunta producción y distribución del material íntimo, mientras se espera una resolución sobre la apelación presentada por la defensa de uno de los adolescentes.
En la segunda, la fiscal Paola González Pinto deberá establecer el alcance de los episodios de hostigamiento, evaluar la posible existencia de lesiones psicológicas y determinar si hubo otros participantes.
El avance de ambas causas dependerá de las pruebas reunidas y de la posibilidad de establecer responsabilidades individuales por los hechos denunciados.
