Diputados aprobó un nuevo régimen de discapacidad con respaldo de la oposición y cambios al proyecto oficial
La iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. El texto mantiene las pensiones, la actualización por inflación y la compatibilidad con el empleo formal, y ahora será tratado por el Senado.
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para establecer un régimen permanente de discapacidad y reemplazar la Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia finaliza a fin de año. La iniciativa consiguió un amplio respaldo tras una jornada de negociaciones entre el oficialismo y distintos bloques opositores.
La votación se realizó pasada la medianoche y concluyó con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. El acuerdo fue posible luego de que La Libertad Avanza aceptara gran parte de las modificaciones propuestas por la oposición. Ahora, el proyecto deberá ser analizado por el Senado.
La iniciativa contó con el apoyo del peronismo, el PRO, la UCR, gran parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y casi todos los bloques provinciales. En cambio, diputados cordobeses de Provincias Unidas y Unión por la Patria votaron en contra, al considerar que las organizaciones de personas con discapacidad no participaron en la elaboración del texto. La izquierda se abstuvo por la falta de actualización de las deudas con los prestadores.
Qué establece la nueva ley
El proyecto ratifica el sistema de pensiones no contributivas por discapacidad, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, y mantiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía de acceso al beneficio.
También conserva el nomenclador universal de prestaciones básicas y un arancel unificado, con actualización por inflación. De esta manera, se busca garantizar criterios comunes para los valores de las prestaciones.
Otro de los puntos acordados establece que las personas con CUD podrán conservar la pensión si tienen un empleo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Además, el texto garantiza que los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad puedan acceder a un programa de salud con las prestaciones básicas previstas en la ley 24.901, a través del Programa Incluir Salud.
Financiamiento y controles
Para asegurar los recursos destinados al sistema, la iniciativa detalla las partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud y contempla compensaciones del Tesoro en caso de que los fondos resulten insuficientes. También establece que el ingreso por beneficiario deberá conservar su poder adquisitivo en relación con el año anterior.
El proyecto incorpora mecanismos de control mediante auditorías periódicas de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que podrá cruzar información con organismos como Anses, Arca, Renaper y el SINTyS.
Ante incumplimientos objetivos, se contempla la posibilidad de suspender preventivamente un beneficio. Sin embargo, el procedimiento deberá respetar garantías de defensa, notificación y rehabilitación provisoria.
En relación con las deudas pendientes con los prestadores, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días posteriores a la sanción de la ley y cancelar las obligaciones en un plazo de 90 días.
Las negociaciones que permitieron el acuerdo
El debate se extendió durante casi dos meses, luego de que la oposición impulsara una prórroga de la Emergencia en Discapacidad a pedido de organizaciones del sector. Frente a esa iniciativa, el oficialismo propuso elaborar una nueva ley que reemplazara el régimen de emergencia por una normativa permanente.
Las conversaciones se complicaron cuando el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno incorporó medidas de ajuste en el área. Entre ellas, se proponía utilizar el criterio de invalidez laboral para acceder a las pensiones, eliminar el CUD como vía directa para obtener el beneficio, establecer la incompatibilidad absoluta entre pensión y empleo formal y derogar el arancel unificado de prestaciones.
Ante los cuestionamientos de sus aliados, el oficialismo se comprometió a dejar de lado esas medidas y aceptó incorporar los cambios reclamados por la oposición.
El misionero Oscar Herrera Ahuad, junto con Juan Marino, Sabrina Selva, Eduardo Valdés y Victoria Tolosa Paz, participó de las conversaciones para alcanzar el consenso. Por La Libertad Avanza, las negociaciones estuvieron a cargo de Laura Rodríguez Machado, Giselle Castelnuovo y Nicolás Mayoraz.
Las posiciones tras la votación
Durante el debate, Juan Marino sostuvo que la oposición había optado por negociar una ley que evitara retrocesos en los derechos del colectivo de discapacidad, ante la falta de votos suficientes para prorrogar la emergencia. También cuestionó las medidas incluidas originalmente en el Presupuesto 2027.
Victoria Tolosa Paz destacó que el texto incorpora garantías de cobertura sanitaria para ambas pensiones, protege las asignaciones familiares y mantiene la compatibilidad con el empleo formal. Además, señaló que se reforzaron el financiamiento y las garantías para evitar bajas arbitrarias de beneficios.
Por su parte, Laura Rodríguez Machado defendió el acuerdo y afirmó que la responsabilidad fiscal puede coexistir con la atención de las necesidades sociales. También cuestionó a los diputados cordobeses que objetaron la participación de las organizaciones en la elaboración del proyecto.
La aprobación con una mayoría de dos tercios dejó la iniciativa en condiciones de avanzar hacia el Senado, mientras el acuerdo alcanzado permitió sostener buena parte del sistema vigente y descartar los recortes previstos inicialmente en el Presupuesto 2027.
