El Gobierno apelará el fallo que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
El juez federal Martín Cormick ordenó al Ejecutivo cumplir de inmediato con la norma y dictar las medidas necesarias para su implementación.
El Gobierno nacional apelará el fallo del juez federal Martín Cormick que ordenó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, según informaron fuentes oficialistas.
El magistrado hizo lugar a una acción de amparo colectivo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional, universidades nacionales y docentes, además de una demanda iniciada por la Universidad de Buenos Aires.
Cormick consideró que el Poder Ejecutivo no podía utilizar el decreto 759/2025 para condicionar la aplicación de una ley que había sido aprobada nuevamente por el Congreso con una mayoría de dos tercios, luego de haber sido vetada por el presidente Javier Milei.
En su resolución, el juez ordenó al Gobierno el “cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario”, junto con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para su implementación.
Antecedentes en la Corte Suprema
La disputa por la aplicación de la norma ya había llegado a la Corte Suprema de Justicia. En junio, el máximo tribunal ratificó una medida cautelar que ordenaba al Gobierno aplicar dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución estuvo vinculada con los artículos 5 y 6, que establecen una actualización de los salarios del personal docente y no docente y la recomposición de programas destinados a estudiantes.
La Corte rechazó una presentación del Gobierno al considerar que no existía una sentencia definitiva y el fallo fue firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El acuerdo con el sector universitario
La resolución judicial se produjo después de un acuerdo entre el Gobierno y el sector universitario firmado el 10 de junio.
Según el entendimiento mencionado, se estableció una actualización salarial del 24,33%, un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades y una suba de $50.000 millones para los hospitales universitarios.
Por este motivo, el fallo de Cormick no implicaría un impacto económico que modifique las proyecciones del Gobierno.
