EL OFICIALISMO LOGRÓ DICTAMEN PARA LA LEY DE DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y BUSCA TRATARLA EN NOVIEMBRE
La Libertad Avanza aceptó cambios solicitados por bloques aliados para avanzar con el proyecto vinculado a Malvinas y el Atlántico Sur. El debate en el recinto está previsto, de manera tentativa, para el 12 de noviembre.
El Gobierno nacional obtuvo el dictamen de mayoría para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca proteger los recursos naturales de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur mediante nuevas sanciones a la explotación ilegal. El oficialismo alcanzó el acuerdo este 28 de octubre, después de aceptar modificaciones reclamadas por bloques aliados, y apunta a debatir la iniciativa el jueves 12 de noviembre. Sin embargo, la fecha podría cambiar debido a la agenda reducida prevista por la visita del papa León XIV a la Argentina.
La propuesta, impulsada principalmente por el asesor presidencial Santiago Caputo, incluye disposiciones sobre soberanía, explotación de recursos naturales, inversiones extranjeras y coordinación de políticas de defensa, inteligencia y seguridad interior. También contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. Durante las negociaciones surgieron cuestionamientos sobre las sanciones previstas y las atribuciones del nuevo organismo, por lo que se incorporaron modificaciones para conseguir el dictamen, aunque algunos sectores aliados todavía reclaman precisiones antes de acompañar el proyecto en el recinto.
Uno de los principales cambios está relacionado con las sanciones a empresas involucradas en la explotación ilegal de recursos naturales, tanto renovables como no renovables, en el Atlántico Sur. La iniciativa establece multas y la posibilidad de suspender o cancelar habilitaciones vigentes en la Argentina. La redacción original generó objeciones por su eventual alcance sobre compañías vinculadas indirectamente con las actividades cuestionadas, incluso sin participación directa en las operaciones.
Durante el debate también trascendió que el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, transmitió al presidente Javier Milei la preocupación de la administración de Donald Trump por el posible impacto de las medidas sobre empresas de Estados Unidos. Frente a estos planteos, el oficialismo aceptó delimitar las responsabilidades y establecer que las sanciones alcanzarán a operadores directos, licenciatarios, sus proveedores y accionistas directos de los proyectos involucrados en negocios ilegales dentro del territorio argentino.
La nueva redacción excluye expresamente de responsabilidad a los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y a los fondos de inversión indirectos vinculados con las compañías involucradas. Con estas modificaciones, el proyecto quedó en condiciones de avanzar hacia su tratamiento parlamentario, aunque el respaldo definitivo de los bloques aliados todavía no está garantizado
