Lorenzetti defendió el fallo que frena la derogación de la Ley de Tierras y destacó la protección ambiental
El juez de la Corte Suprema explicó los fundamentos de la medida cautelar que suspendió un artículo del DNU 70/2023. También se refirió a las diferencias entre los magistrados y reclamó una mayor participación ciudadana.
El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti defendió el fallo que suspendió los efectos del artículo del DNU 70/2023 que derogaba la Ley de Tierras Rurales y restableció los límites establecidos para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
Durante una entrevista con A24, el magistrado explicó los fundamentos de la decisión y destacó la trayectoria del máximo tribunal en materia ambiental. “La Corte siempre defendió la protección de los recursos naturales y lo seguirá haciendo”, afirmó.
Lorenzetti sostuvo que la resolución se apoyó en tres aspectos centrales: los hechos concretos del caso, la protección del ambiente y los recursos naturales, y la necesidad de evitar el debilitamiento de la participación social en las instituciones democráticas.
En ese sentido, remarcó que las medidas cautelares vinculadas con cuestiones ambientales forman parte de los instrumentos que la Justicia puede utilizar para prevenir daños y garantizar la protección de derechos.
Los fundamentos del fallo
La resolución de la Corte Suprema se dictó en el marco de la causa conocida como “Árbol de Pie”, vinculada con un reclamo relacionado con la protección ambiental.
El máximo tribunal consideró que el expediente involucraba cuestiones relacionadas con la prevención del daño ambiental y que resultaba necesario adoptar una medida provisoria para garantizar una respuesta judicial efectiva y evitar posibles consecuencias irreparables.
La decisión suspendió los efectos del artículo 154 del decreto 70/2023, que establecía la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales.
El fallo fue firmado por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.
Al explicar su postura, Lorenzetti señaló que la legislación ambiental permite que los jueces adopten determinadas medidas preventivas incluso cuando no existe una solicitud expresa de las partes.
Según sostuvo, la falta de tratamiento oportuno del planteo judicial había dejado a la organización ambiental involucrada sin una respuesta durante un período prolongado.
Por ese motivo, consideró procedente suspender provisoriamente la disposición del decreto mientras se garantiza el tratamiento de la causa.
Las diferencias entre los jueces de la Corte
La decisión también estuvo atravesada por distintas interpretaciones jurídicas dentro del máximo tribunal.
Como los tres integrantes de la Corte —Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti— no alcanzaron la unanimidad necesaria para resolver el planteo, se convocó a dos conjueces para desempatar la votación.
Rosenkrantz firmó en disidencia y sostuvo que la Corte no tenía competencia para dictar una medida cautelar o interina en ese expediente.
Desde su perspectiva, correspondía remitir la causa a la Justicia Federal de Bariloche para que allí se le diera el trámite correspondiente, sin adoptar una medida provisoria desde el máximo tribunal.
Lorenzetti, por su parte, consideró legítima la interpretación de su colega, aunque defendió el criterio que compartió con Rosatti.
El magistrado destacó que la existencia de posiciones diferentes no implica necesariamente un conflicto dentro de la Corte, sino que forma parte del funcionamiento de un tribunal colegiado.
Lorenzetti pidió una mayor participación ciudadana
Durante la entrevista, el juez también manifestó su sorpresa por la escasa cantidad de medidas cautelares presentadas ante la Justicia en relación con la controversia sobre la Ley de Tierras, pese a la repercusión pública del tema.
Según señaló, esa situación refleja un debilitamiento de la participación social en los mecanismos institucionales.
En ese contexto, instó a los ciudadanos a expresar sus reclamos y diferencias a través de las herramientas previstas por el sistema democrático, entre ellas las acciones judiciales y la intervención del Congreso.
Para Lorenzetti, la participación ciudadana resulta importante en asuntos vinculados con la protección de los recursos naturales y el funcionamiento de las instituciones.
El magistrado concluyó que la posición de la Corte responde a una línea de actuación orientada a la protección ambiental y reiteró que el tribunal continuará defendiendo ese criterio en sus decisiones.
