Roberto Baratta fue procesado por presunto enriquecimiento ilícito y recibió un embargo de $1.500 millones
El exfuncionario quedó procesado sin prisión preventiva por un supuesto incremento patrimonial que, según el juez, no pudo ser justificado con ingresos legítimos comprobables.
El exfuncionario Roberto Baratta fue procesado por el juez federal Julián Ercolini por presunto enriquecimiento ilícito y quedó embargado por $1.500 millones.
La resolución sostiene que, en esta etapa de la investigación, existe un incremento patrimonial apreciable que no se correspondería con ingresos legítimos comprobables. Baratta quedó procesado sin prisión preventiva y se mantuvo la inhibición general de sus bienes.
Baratta fue subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal entre 2003 y 2015 y se desempeñó como segundo de Julio De Vido en esa cartera durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
La propiedad en un country de Pilar
Uno de los principales puntos de la investigación es una vivienda ubicada en el Mapuche Country Club, en Pilar.
El lote fue adquirido el 19 de septiembre de 2012 por USD 70.000, presuntamente en efectivo, y quedó registrado a nombre de la madre de Baratta. Sobre ese terreno se construyó una vivienda familiar de unos 380 metros cuadrados, distribuida entre subsuelo, planta baja y primer piso.
El arquitecto encargado de la obra declaró que Baratta era quien impartía las indicaciones. Además, señaló que los pagos, estimados en aproximadamente $3,7 millones de aquella época, fueron realizados en efectivo por el exfuncionario o por su entonces secretario privado, Nelson Lazarte.
En sus declaraciones juradas, Baratta y su esposa habían informado aportes para esa construcción por unos $604.546, una cifra que el juez consideró insuficiente frente al costo total señalado por el arquitecto.
El servicio de internet estaba a nombre de su exchofer
Otro de los elementos considerados en la investigación fue que las facturas de la obra figuraban a nombre de Baratta, mientras que su grupo familiar utilizaba la propiedad y los gastos vinculados con el country estaban relacionados con él y su esposa.
Además, el servicio de cable e internet de la vivienda figuraba a nombre de Oscar Centeno, quien se desempeñaba como chofer de Baratta. Según la información aportada por la empresa prestadora, el servicio había sido contratado en enero de 2015.
Centeno es también quien escribió los cuadernos que dieron origen a una investigación sobre presuntos pagos ilegales vinculados con empresarios de la obra pública. Ambos son actualmente juzgados en ese proceso y Baratta cuestionó las declaraciones de su exchofer.
Otros bienes bajo análisis
La investigación también incluyó un departamento, cochera y baulera ubicados en José Hernández 2043/45, adquiridos en 2010; otras unidades de cochera y baulera compradas en 2014 y 2015; y dos departamentos con cocheras en Thames 674/76, registrados a nombre de la pareja de Baratta.
A esto se sumaron tres vehículos y dinero secuestrado durante un allanamiento.
La defensa sostuvo que los bienes tenían respaldo en los ingresos de Baratta, su esposa y los padres del exfuncionario. Respecto de la propiedad de Mapuche, afirmó que había sido adquirida y construida por sus padres con fondos provenientes de una indemnización, un plazo fijo, ahorros y otros recursos familiares.
El juez consideró que esas fuentes de dinero existieron, pero sostuvo que no se había demostrado de manera suficiente cómo esos fondos llegaron a financiar las operaciones cuestionadas.
La defensa cuestionó la causa
Al ser indagado, Baratta rechazó las acusaciones y brindó explicaciones sobre el origen de los bienes. También planteó la nulidad de la citación a indagatoria y sostuvo que existe un recurso pendiente ante la Corte Suprema relacionado con la prescripción de la causa.
La investigación se inició en 2017 y tramita ante el juzgado federal 12 de Comodoro Py, actualmente subrogado por Ercolini, con intervención de la fiscal federal Alejandra Mángano.
El procesamiento puede ser apelado ante la Cámara Federal porteña.
