Se frena el dictamen de la nueva ley de salud mental en el Senado por diferencias con aliados
El oficialismo no consiguió reunir todas las firmas necesarias para avanzar con el proyecto, que introduce cambios en la atención, las internaciones y el financiamiento. La falta de acuerdo complica su tratamiento en el recinto la próxima semana.
Las comisiones de Salud y de Legislación General del Senado no lograron cerrar este jueves el dictamen de mayoría del proyecto para reformar la Ley de Salud Mental. Las diferencias entre algunos aliados y la falta de firmas dejaron en suspenso el avance de la iniciativa, pese a las negociaciones previas entre el Gobierno nacional y las provincias.
La Libertad Avanza confía en conseguir los respaldos pendientes. Sin embargo, si no reúne las rúbricas necesarias al finalizar la jornada, el proyecto no podrá tratarse en el recinto el próximo jueves. Como alternativa, el oficialismo analizaba la posibilidad de que un senador opositor presentara un dictamen de minoría este viernes.
Los principales cambios que propone el proyecto
La iniciativa modifica distintos aspectos del sistema de atención en salud mental. Entre sus puntos centrales, establece una mayor prioridad para los médicos, especialmente los psiquiatras, en las decisiones más delicadas, aunque los psicólogos también integrarán los equipos interdisciplinarios.
Además, dispone que las internaciones involuntarias sean notificadas a un juez, sin que este intervenga directamente en la decisión. El proyecto también contempla ampliar la definición de adicciones para incluir, por ejemplo, la ludopatía, y establecer criterios diferenciados para la atención de adultos y de niños y adolescentes.
Otro de los ejes es la prohibición de las prácticas manicomiales. En su lugar, se plantea fortalecer alternativas como la atención ambulatoria y domiciliaria, las casas de convivencia, los hospitales de día y los centros de capacitación sociolaboral.
Financiamiento y participación de las familias
Uno de los puntos que generó mayores diferencias durante las negociaciones fue la restitución de la cooperación técnica, económica y financiera de la Nación con las provincias. El sostenimiento de los mecanismos actuales de financiamiento fue uno de los compromisos que permitió llevar el proyecto al plenario.
La propuesta también delimita quiénes pueden representar a los pacientes. La intervención familiar quedaría restringida a padres o hijos, aunque se mantendrían los representantes legales, cónyuges y convivientes.
En los casos en que no aparezcan responsables, el Estado deberá garantizar los apoyos necesarios y los dispositivos comunitarios correspondientes.
Para la atención infantojuvenil, se incorporan principios como la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la confidencialidad. Las internaciones en unidades para adultos quedarían limitadas a situaciones en las que se acredite que no existe otra alternativa y por el tiempo mínimo indispensable.
El proyecto también reconoce el derecho a aceptar o rechazar tratamientos de manera anticipada y a designar personas que puedan expresar el consentimiento cuando el paciente no esté en condiciones de hacerlo. Esa posibilidad contempla una excepción ante situaciones de riesgo grave para la vida.
A su vez, establece que todos los trabajadores involucrados en el proceso de atención deberán recibir capacitación permanente.
Las diferencias que trabaron el acuerdo
La senadora libertaria Ivanna Arrascaeta, presidenta de la comisión de Salud, defendió la reforma al señalar que busca modificar los aspectos que, a partir de la experiencia, demostraron necesitar cambios.
Por su parte, la fueguina Belén Monte de Oca sostuvo que la legislación vigente generaba prejuicios hacia las personas que atraviesan problemas de salud mental o presentan algún tipo de adicción.
Desde otro sector, el senador Fernando Salino puso el foco en la cuestión presupuestaria. En tanto, la radical Gabriela Valenzuela, de Corrientes, expresó sus reparos y advirtió sobre la situación de la salud mental, especialmente en las provincias.
Las diferencias impidieron que el oficialismo reuniera las firmas necesarias para emitir el dictamen de mayoría.
Una alternativa para habilitar el debate
Cerca de las 19, ante la falta de acuerdo, los legisladores de La Libertad Avanza evaluaban una alternativa para intentar destrabar el trámite parlamentario: que un integrante de la oposición presentara un dictamen de minoría al día siguiente.
La estrategia apunta a que la suma de las firmas de ambos documentos permita alcanzar la mayoría requerida dentro del plenario de comisiones y habilitar la discusión.
De todos modos, el proyecto no podrá llegar al recinto la semana próxima si no cumple con los siete días reglamentarios o no reúne los dos tercios de los votos necesarios para su tratamiento sobre tablas.
