Torrendell defendió el presupuesto educativo 2027 y reclamó controles sobre las universidades
El secretario de Educación sostuvo que la autonomía universitaria no está en discusión, pero exigió transparencia y rendición de cuentas en medio del conflicto por el financiamiento de las casas de estudio.
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, defendió las partidas destinadas al área educativa en el proyecto de Presupuesto 2027 y reclamó mayor transparencia institucional a las universidades nacionales. Lo hizo durante una exposición ante la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, acompañado por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
La presentación se produjo en medio de la tensión entre el Gobierno nacional y las autoridades universitarias, que reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y mayores recursos para garantizar el funcionamiento de las instituciones.
Durante su intervención, Torrendell afirmó que la autonomía de las universidades no está en discusión, aunque remarcó la necesidad de una administración responsable de los fondos públicos.
### El Gobierno defendió su política educativa
Torrendell sostuvo que la educación es fundamental para el desarrollo del capital humano, el progreso social y el ejercicio de la libertad. En ese sentido, planteó que la asignación de recursos debe estar acompañada por información transparente, controles y resultados verificables.
El funcionario también cuestionó la idea de que un mayor gasto garantice automáticamente una mejora en el sistema educativo.
Según expresó, durante décadas se incrementaron las partidas presupuestarias sin que eso se tradujera necesariamente en mejores aprendizajes, especialmente entre los sectores sociales más desfavorecidos.
En esa línea, afirmó que la evaluación de las políticas educativas debe centrarse en cuánto aprenden los estudiantes y en la proporción de recursos que se destina efectivamente a ese objetivo.
El reclamo de transparencia a las universidades
Uno de los principales puntos de la exposición fue la obligación de las autoridades universitarias de rendir cuentas sobre el uso de los fondos públicos.
“La autonomía no está en discusión, lo que exigimos es gestión responsable y transparencia”, sostuvo Torrendell, al remarcar que el Estado debe relevar información, realizar auditorías y garantizar mecanismos de control.
El secretario también cuestionó a los sectores que, según su visión, reclaman mayores partidas presupuestarias sin comprometerse con cambios en el funcionamiento del sistema.
“Es un acuerdo corporativo, es un acuerdo de casta”, afirmó al referirse a esa postura.
La disputa por los fondos universitarios
El conflicto entre el Gobierno y las universidades nacionales tiene como uno de sus ejes el financiamiento previsto para 2027.
Mientras las instituciones reclaman que se destinen $11 billones al sector, el proyecto oficial contempla una partida de $7,3 billones para las casas de estudio.
En tanto, el presupuesto global previsto para el área de Educación asciende a $9,8 billones. El proyecto incluye reducciones en las becas Progresar, infraestructura y programas como Educación Sexual Integral (ESI).
Por otra parte, contempla $773.000 millones para el Plan Nacional de Alfabetización y mantiene el reparto automático de fondos a las provincias.
La intención del Gobierno es que el debate del Presupuesto 2027 en el recinto de Diputados se realice el 18 de noviembre.
Álvarez justificó la suspensión de los fondos
Durante la misma presentación, Alejandro Álvarez defendió la decisión del Gobierno de suspender la ejecución de los fondos contemplados en la ley de financiamiento aprobada por el Congreso.
El subsecretario argumentó que la norma asigna recursos sin establecer su correspondiente encuadre en la Ley de Administración Financiera. Por ese motivo, sostuvo que resulta aplicable el artículo 5 de la Ley de Ejecución Presupuestaria.
Además, afirmó que el Ejecutivo promulgó la ley y suspendió su ejecución, y que posteriormente cumplió con la medida cautelar dictada en el marco del conflicto judicial.
Según explicó, la causa se encuentra apelada ante la Cámara y el Gobierno considera que actuó conforme a derecho.
El funcionario también señaló que la normativa establece obligaciones para las instituciones académicas, que deben proporcionar al Ministerio de Capital Humano la información necesaria para auditar las transferencias. El régimen contempla la posibilidad de suspender giros ante incumplimientos y fija un límite para los incrementos salariales previstos para 2027.
