ARGENTINA VOTÓ CONTRA UNA RESOLUCIÓN DE LA ONU EN RESPALDO A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
La iniciativa obtuvo 93 votos afirmativos, 13 rechazos y 36 abstenciones. El ex canciller Jorge Taiana cuestionó la postura del gobierno de Javier Milei y la calificó como un nuevo revés diplomático.
Argentina rechazó una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas destinada a respaldar el trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI) y condenar las amenazas, los ataques y las interferencias políticas contra sus investigaciones. La votación, realizada el 5 de noviembre de 2026, dejó al país entre los 13 Estados que se opusieron a la iniciativa, que consiguió 93 votos afirmativos y 36 abstenciones.
La resolución A/81/L.11 buscaba respaldar el informe del tribunal y garantizar condiciones para que pudiera desarrollar sus investigaciones sin presiones externas. La decisión argentina generó cuestionamientos desde sectores de la oposición, que señalaron un alejamiento de las posiciones diplomáticas que el país había sostenido históricamente en materia de justicia internacional y derechos humanos.
Uno de los primeros dirigentes en pronunciarse fue el ex canciller Jorge Taiana, quien calificó el episodio como un “nuevo bochorno diplomático argentino en la ONU”. A través de su cuenta de X, sostuvo que la decisión de votar en contra respondió a una instrucción del ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, dirigida al embajador argentino ante el organismo, Fabián Tropepi. Taiana también afirmó que el país votó en contra de sus propios intereses y de su tradición diplomática.
El posicionamiento se inscribe en el giro de la política exterior impulsado por el presidente Javier Milei, que prioriza el alineamiento con Estados Unidos e Israel. Esta orientación generó diferencias con otras delegaciones en distintos debates dentro de Naciones Unidas y volvió a colocar a la Argentina en una posición minoritaria frente a una iniciativa respaldada por la mayoría de los Estados participantes.
La controversia también puso el foco en la función de la Corte Penal Internacional, tribunal permanente creado a partir del Estatuto de Roma y encargado de juzgar delitos como genocidios, crímenes de guerra y de lesa humanidad. El rechazo argentino abrió un nuevo debate sobre las prioridades de la política exterior del Gobierno y su relación con los organismos multilaterales.
