
EL RIGI MODIFICÓ LOS CRITERIOS PARA INCORPORAR PROVEEDORES LOCALES
El Gobierno nacional habilitó que empresas constituidas y domiciliadas en Argentina sean consideradas proveedoras locales, independientemente del origen de su capital. La medida también introduce cambios en inversiones, sociedades y acceso al mercado de cambios.
El Gobierno nacional modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y estableció que las empresas constituidas y domiciliadas en Argentina podrán ser consideradas proveedoras locales, sin importar la nacionalidad de sus accionistas ni la composición de su capital. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1366/2026, publicado este lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La modificación alcanza al Decreto 749/2024, que reglamentó el capítulo de la Ley Bases dedicado al régimen. Con la nueva disposición, serán proveedores locales las personas humanas con domicilio fiscal en el país y las sociedades constituidas y radicadas en territorio argentino que suministren bienes o servicios a proyectos adheridos al RIGI. El Ejecutivo argumentó que el objetivo es facilitar la incorporación de empresas instaladas en el país a las cadenas de suministro de las grandes inversiones. Para los bienes, continuará vigente el criterio de origen nacional establecido por el Mercosur.
El decreto también introduce modificaciones para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo. Establece una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión del proyecto en su conjunto, diferenciada de los compromisos correspondientes a cada etapa. Además, permite que terceros adquieran acciones de empresas adheridas al régimen sin afectar sus beneficios, aunque esas operaciones no podrán computarse como inversiones para alcanzar los mínimos exigidos.
Otra modificación contempla que las uniones transitorias de empresas (UTE) y otros contratos asociativos puedan transferir participaciones o incorporar socios. Las operaciones deberán informarse a la Autoridad de Aplicación dentro de los 15 días de su inscripción. El organismo tendrá 30 días para formular objeciones y, si no lo hace, la operación quedará aprobada. También se habilita la transferencia de activos, pasivos y obligaciones de sucursales dedicadas a sociedades anónimas creadas para continuar los proyectos, previa autorización.
Por último, la norma modifica las condiciones de acceso al mercado de cambios para las empresas que recibieron beneficios sobre los cobros de exportaciones. El Banco Central podrá exigir que las divisas ingresadas y liquidadas igualen o superen las demandadas. Para ese cálculo también se tendrán en cuenta los dólares aportados u obtenidos mediante deuda externa por accionistas, integrantes de las UTE y casas matrices de sucursales, siempre que los fondos se destinen efectivamente al proyecto y puedan identificarse en los registros contables.