GUARAZ RECIBIÓ OTRA CONDENA: UN AÑO Y TRES MESES DE PRISIÓN Y UNA INDEMNIZACIÓN DE $6 MILLONES
El exintendente fue condenado por abuso de autoridad en una causa vinculada con la clausura de un comercio. La nueva pena deberá unificarse con los nueve años de prisión que ya cumple en el penal de Miraflores.
El exintendente Elpidio Guaraz recibió este martes 3 de noviembre una nueva condena de un año y tres meses de prisión por el delito de abuso de autoridad, en una causa vinculada con la clausura de un comercio perteneciente a Shirli Cordero. La sentencia fue dictada por el juez Diego Chayle Costilla, subrogante legal del Juzgado Correccional N° 1, quien además hizo lugar a la demanda civil presentada por la querella y estableció una indemnización de seis millones de pesos.
El fallo se conoció después de un juicio oral en el que se analizaron las acusaciones contra el exjefe comunal por el presunto uso arbitrario de sus facultades mientras ejercía el cargo de intendente. Durante el proceso judicial se evaluaron las circunstancias relacionadas con la clausura del establecimiento comercial y las pruebas incorporadas a la investigación.
En los alegatos realizados el viernes, la fiscal Cintia Romero había solicitado una pena de un año y ocho meses de prisión por abuso de autoridad. Por su parte, la querellante Natalia Páez Vaca reclamó cuatro años de cárcel por abuso sexual y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La defensa de Guaraz, integrada por Jorge Bracamonte (h) y Gabriel Quiroga Barros, solicitó la absolución y cuestionó la validez de las pruebas presentadas.
Los abogados defensores señalaron presuntas irregularidades en el análisis de conversaciones telefónicas y pusieron en duda la autenticidad de determinadas capturas de pantalla. También rechazaron el pedido de la querella para modificar la calificación legal. Finalmente, el magistrado resolvió condenar al exintendente por abuso de autoridad y fijar la reparación económica correspondiente.
Guaraz permanece detenido en el penal de Miraflores, donde cumple una condena firme de nueve años de prisión por abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad agravada. La nueva pena deberá unificarse con la sentencia anterior, un procedimiento que tendrá incidencia en el cómputo de su condena y en su situación de detención.
