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FURIA DEL CAMPO POR EL PACTO CAPUTO-CEREALERAS: “DIEZ TIPOS SE LLEVARON 2.000 MILLONES DE DÓLARES”

Productores rurales acusan al Gobierno de favorecer a grandes exportadoras con la baja temporal de retenciones, mientras la mayoría quedó afuera del beneficio.

FURIA DEL CAMPO POR EL PACTO CAPUTO-CEREALERAS: “DIEZ TIPOS SE LLEVARON 2.000 MILLONES DE DÓLARES”

Productores rurales acusan al Gobierno de favorecer a grandes exportadoras con la baja temporal de retenciones, mientras la mayoría quedó afuera del beneficio.

La eliminación transitoria de retenciones a las exportaciones agrícolas generó un fuerte enfrentamiento entre el campo y el Gobierno de Javier Milei. En apenas 72 horas, las cerealeras nucleadas en la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA) agotaron el cupo de 7.000 millones de dólares autorizado para liquidar sin retenciones, dejando a los productores sin margen para aprovechar la medida. El negocio habría quedado concentrado en once grandes compañías, entre ellas Bunge, LDC, Cofco y Cargill, que presentaron declaraciones juradas con granos adquiridos o por adquirir.

Desde la Mesa de Enlace advirtieron que la operatoria significó una transferencia extraordinaria de ganancias: “Fue un acuerdo en una mesa con diez personas. Se llevaron 2.000 millones de dólares en tres días”. En la misma línea, la Federación Agraria denunció que mientras se negociaba con las entidades del sector, el pacto con las exportadoras ya estaba cerrado, lo que derivó en un profundo malestar entre productores.

La bronca se replicó en las bases de la Sociedad Rural, donde la seccional Rosario cuestionó que la medida, lejos de ser un guiño al campo, terminó beneficiando a un grupo reducido de empresas. Productores señalaron además que las cerealeras liquidaron granos comprados con descuentos por retenciones o incluso declararon ventas futuras bajo el mismo esquema. Para dirigentes como el exvicepresidente del Senasa, Carlos Milicevic, “fue una medida de política cambiaria y no agropecuaria”, lo que explica el enojo de un sector clave para el Gobierno en plena campaña electoral.

El trasfondo político y económico también salpica a funcionarios cercanos al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Entre ellos, Juan Pazo, titular de ARCA, y Daniel González, viceministro coordinador de Energía, quienes ya arrastraban cuestionamientos por negocios vinculados al agro. La polémica recuerda a los planes “dólar soja” de Sergio Massa, que al menos dejaron margen de beneficio a los productores, algo que en esta oportunidad, según las entidades rurales, no ocurrió.

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