
DENUNCIARON AL INTENDENTE LUIS POLTI POR APOLOGÍA DEL DELITO
La denuncia fue impulsada por José Furque y Beatriz Monllau, quienes señalaron que buscan poner a prueba la independencia de la Justicia catamarqueña.
Las declaraciones del intendente de Recreo y candidato a senador por La Paz, Luis Polti (Fuerza Patria), acerca de que “roba pero trae para el pueblo”, generaron una fuerte repercusión política y llegaron a la Justicia. Los abogados José Furque y Beatriz Monllau (referente del GEN) presentaron una denuncia penal contra el jefe comunal por el delito de “apología del delito”.
Furque explicó que la decisión de denunciar surgió para “no quedarse solo en la crítica pública” y poner a prueba la independencia judicial en Catamarca. “Un fiscal debió actuar de oficio apenas se conocieron las declaraciones, porque la evidencia del hecho es objetiva”, afirmó. Según el letrado, el caso servirá para determinar “si la Justicia catamarqueña actúa con independencia o si continúa subordinada al poder político provincial”.
El abogado detalló que el delito imputado está previsto en el artículo 213 del Código Penal, que sanciona la apología o justificación pública de conductas delictivas. “Polti se autoincriminó al decir que roba, aunque sea para el pueblo, y ese mensaje es una incitación a cometer delitos”, sostuvo. También comparó la reacción política con otros casos recientes y cuestionó “la complacencia generalizada” frente a expresiones que naturalizan la corrupción.
Por su parte, Monllau indicó que si bien la pena máxima prevista es de un año, lo que buscan es una condena política. En ese sentido, hizo referencia al caso de José Luis Espert, quien renunció a su candidatura por sus vínculos con el empresario Fred Machado, y cuestionó que Fuerza Patria no haya tomado una decisión similar frente a Polti.
La presentación fue acompañada por material audiovisual difundido públicamente, y se solicitó que la investigación esté a cargo de un fiscal fuera de la jurisdicción de Recreo para garantizar imparcialidad. Los abogados reclamaron que el Ministerio Público cite al intendente, verifique la autenticidad de los videos y determine si sus dichos configuran un delito. “Es una prueba de fuego para la Justicia catamarqueña”, concluyeron.