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LA MAYORÍA DE LOS HECHOS DE VIOLENCIA ESCOLAR SON LESIONES LEVES

El fiscal Penal Juvenil Guillermo Narváez explicó que, en la mayoría de los casos, los hechos registrados en escuelas involucran a adolescentes inimputables y requieren medidas de resguardo.

LA MAYORÍA DE LOS HECHOS DE VIOLENCIA ESCOLAR SON LESIONES LEVES

El fiscal Penal Juvenil Guillermo Narváez explicó que, en la mayoría de los casos, los hechos registrados en escuelas involucran a adolescentes inimputables y requieren medidas de resguardo.

El fiscal Penal Juvenil de Catamarca, Guillermo Narváez, analizó la problemática de la violencia en el ámbito escolar y detalló cómo se aborda judicialmente este tipo de episodios. Según el funcionario, la mayoría de los casos corresponden a lesiones leves entre estudiantes y a adolescentes que, por su edad, son inimputables.

Narváez explicó que los hechos pueden darse antes, durante o después de una agresión, y que requieren una intervención articulada entre distintos organismos del Estado. En cada caso se acredita la edad de los involucrados y se disponen medidas de resguardo para las víctimas. También intervienen la Asesoría de Menores, el Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

La provincia cuenta con la Ley Provincial N°5544, sancionada en 2018, que creó el Fuero Penal Especial Juvenil y estableció un régimen procesal de responsabilidad penal juvenil. Este marco prioriza la protección de derechos, la mínima intervención judicial y la aplicación de medidas socioeducativas como alternativas a la privación de libertad.

Entre las herramientas previstas se incluyen la mediación penal, la suspensión del juicio a prueba, la conciliación y la reparación del daño, además de la reinserción educativa y la orientación interdisciplinaria. El objetivo es favorecer la reintegración social y familiar de los adolescentes, promoviendo el respeto por los derechos humanos y la cultura de paz en las comunidades educativas.

El juez Penal Juvenil Rodrigo Morabito, en un fallo reciente, sostuvo que la Justicia Penal debe intervenir solo en casos excepcionales, ya que los conflictos escolares deben resolverse dentro del sistema educativo, con la participación activa de docentes, directivos, padres y estudiantes.

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