EL FONDO BURFORD BUSCA QUE LA JUSTICIA DE EE.UU. DECLARE A LA ARGENTINA EN DESACATO POR EL CASO YPF
El financista de las demandas por la expropiación de 2012 anticipó que pedirá sanciones ante el presunto incumplimiento de órdenes judiciales, lo que podría habilitar embargos de activos del Estado.
El fondo Burford Capital anticipó que solicitará a la jueza estadounidense Loretta Preska que declare a la Argentina en desacato en el juicio que se tramita en Nueva York por la expropiación de YPF en 2012. El planteo abre la posibilidad de sanciones adicionales y eventuales embargos de activos del Estado argentino.
El pedido se fundamenta en la presunta falta de cumplimiento del país respecto a la entrega de comunicaciones de funcionarios y exautoridades requeridas por el tribunal. Si bien la Argentina cuenta con plazo formal hasta el 10 de enero para presentar ese material, Burford sostiene que ya se incumplieron órdenes previas dictadas por la magistrada.
Durante una audiencia realizada el 9 de diciembre, Preska reconoció el incumplimiento y advirtió que la negativa a producir la documentación solicitada podría derivar en un pedido de desacato, con consecuencias económicas y procesales. En ese marco, habilitó a los demandantes a avanzar con un cronograma para formalizar la moción entre el 15 de enero y el 5 de marzo.
Según trascendió, el Estado debía comenzar a recolectar el material a comienzos de noviembre. No obstante, la jueza otorgó una prórroga y fijó un último plazo definitivo antes de adoptar una decisión judicial. La postura de Burford apunta a acelerar el proceso ante la posibilidad de que el tribunal emita una sentencia en paralelo sobre el fondo de la causa.
En el proceso, cerca de la mitad de los funcionarios y exfuncionarios involucrados entregaron chats de WhatsApp y correos electrónicos. Sin embargo, figuras políticas centrales rechazaron colaborar. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller y exsecretario de Finanzas Pablo Quirno no accedieron a facilitar comunicaciones personales, mientras que el exministro Sergio Massa no respondió al requerimiento, al igual que otros exfuncionarios.
Los demandantes buscan demostrar que empresas como YPF, Enarsa, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación y el Banco Central funcionan como “alter ego” del Estado, lo que permitiría avanzar sobre sus activos. Esa causa corre en paralelo a la apelación principal, en un contexto en el que el Gobierno interpreta que Burford intenta acelerar embargos.
El litigio se originó por una supuesta violación al estatuto de YPF durante la intervención de abril de 2012 y la expropiación concretada un mes después. Según los demandantes, la Argentina debió realizar una Oferta Pública de Adquisición a todos los accionistas y no solo a Repsol. De confirmarse el fallo, además de Repsol, se verían beneficiados bancos internacionales como Santander, acreedor de las sociedades vinculadas a la operación.
