EL JUEZ CONTRERAS ADMITIÓ UN ERROR CLAVE EN LA CAUSA ADHEMAR CAPITAL Y RECONOCIÓ PRESIONES Y DEMORAS
El magistrado federal repasó el desarrollo del expediente, asumió una decisión procesal equivocada y describió la complejidad, el impacto personal y las dificultades de la investigación.
El juez federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, realizó un balance de su actuación en la causa Adhemar Capital, el entramado financiero encabezado por Edgar Adhemar Bacchiani, y reconoció errores, presiones y obstáculos atravesados durante la investigación. Definió el expediente como uno de los más complejos que enfrentó el Juzgado Federal en los últimos años.
Contreras explicó que la instrucción se extendió durante tres años, con jornadas de trabajo de entre 14 y 16 horas, un equipo reducido de siete empleados y tres secretarios, cerca de 200 indagatorias y un expediente de entre 120 y 130 cuerpos. Ese proceso derivó en una resolución de casi mil fojas para elevar la causa a juicio, en paralelo a los reclamos constantes de los damnificados que exigían la recuperación del dinero invertido.
El magistrado señaló que la magnitud del caso superó todas las previsiones iniciales, con detección de millones de dólares y billones de pesos en movimiento, inversores de distintas provincias y más de ocho causas paralelas vinculadas. Relató que el impacto personal fue significativo, con tres años sin vacaciones y episodios de acoso y amenazas tanto en su despacho como en su domicilio.
En relación con las maniobras de Bacchiani, detalló que el imputado afirmó en una audiencia disponer de 58 millones de dólares, pero se negó a realizar una transferencia de prueba solicitada por el juzgado. Los análisis posteriores demostraron que se trató de una maniobra dolosa destinada a manipular la investigación y a los inversores. El juez explicó que el sistema funcionaba bajo un esquema Ponzi, sostenido por el ingreso constante de nuevos fondos, y que colapsó cuando ese flujo se interrumpió.
Contreras también indicó que parte del dinero podría encontrarse en manos de inversionistas que retiraron ganancias antes del derrumbe y reconoció que muchos afectados no denunciaron por no poder justificar el origen de los fondos invertidos. Aclaró que el juzgado solo evalúa lo que surge de los contratos y documentación presentada en blanco.
Finalmente, el magistrado admitió un error procesal relevante al haber enviado la causa por asociación ilícita a la Justicia provincial, decisión que, según explicó, demoró el expediente durante un año. Señaló que solicitó luego a la Cámara retomar la tramitación en el fuero federal y aseguró que no volvería a adoptar esa medida. También sostuvo que la causa ya fue elevada a juicio, que se respetaron los plazos legales y que las penas futuras deberán articularse con las ya dictadas en la provincia de Córdoba.
