EL PRO ACUDIÓ A LA JUSTICIA PARA IMPEDIR LA DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES EN LA AGN
El bloque opositor presentó un amparo al considerar inconstitucional el procedimiento utilizado y solicitó una cautelar para frenar la asunción de los auditores designados.
El PRO presentó una acción de amparo judicial para frenar la designación de las nuevas autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN), en un contexto de tensión política con el oficialismo de La Libertad Avanza. La iniciativa fue impulsada por el jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, quien sostuvo que el mecanismo utilizado vulneró normas constitucionales y principios republicanos.
La presentación judicial cuestiona la votación realizada durante una sesión en la madrugada del jueves, en la que se aprobó la terna integrada por Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti, con 186 votos afirmativos y dos abstenciones. Según el escrito, esa decisión se adoptó fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias y en contravención al artículo 63 de la Constitución Nacional, ya que el decreto presidencial de convocatoria no contemplaba la designación de autoridades de la AGN.
Ritondo también objetó las condiciones en las que se llevó adelante la votación, al señalar que se realizó cerca de las tres de la madrugada, sin publicidad suficiente, sin dictamen previo ni debate parlamentario y sin respetar los procedimientos reglamentarios esenciales. En ese sentido, afirmó que el acto resulta nulo de nulidad absoluta por afectar garantías básicas del funcionamiento institucional.
En el amparo, el legislador planteó que lo ocurrido lesionó de manera directa los derechos políticos de los diputados y alteró el equilibrio del sistema de control del Estado. Subrayó que la AGN no constituye un órgano administrativo interno, sino un organismo constitucional central para la fiscalización del uso de los recursos públicos.
Finalmente, el PRO solicitó que la Justicia declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución cuestionada, que dicte una medida cautelar urgente para impedir que los auditores asuman o ejerzan funciones hasta que exista una sentencia definitiva, y que se restituya la situación institucional previa a la votación objetada.
