
ENFRENTAMIENTOS ENTRE MINEROS Y POLICÍA EN LA PAZ POR LA SUBA DE LOS COMBUSTIBLES
Las protestas contra la eliminación del subsidio a la gasolina y el diésel cumplieron ocho días en Bolivia y derivaron en choques con fuerzas de seguridad frente a la sede del poder político.
Mineros bolivianos protagonizaron este martes violentos enfrentamientos con la policía en la ciudad de La Paz, en el marco del octavo día consecutivo de protestas contra la eliminación del subsidio a los combustibles dispuesta por el presidente Rodrigo Paz. La medida provocó un fuerte aumento en los precios de la gasolina y el diésel y generó un creciente malestar social en distintos sectores.
Según informaron fuentes oficiales, centenares de manifestantes utilizaron petardos y pequeñas cargas de dinamita para intentar romper el cerco policial y avanzar hacia la plaza central, donde se encuentran la Casa de Gobierno y la sede del Poder Legislativo. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y balines de goma para dispersar la movilización. Hasta el cierre de esta edición, la policía no había reportado heridos ni personas detenidas.
Las movilizaciones comenzaron hace más de una semana, cuando mineros de empresas estatales llegaron a la capital para rechazar las medidas económicas del Ejecutivo. Con el correr de los días, se sumaron docentes y organizaciones sindicales indígenas. “Nuestra protesta no es solo contra la eliminación del subsidio a los carburantes, sino contra este decreto maldito que busca hipotecar el país y a las futuras generaciones”, afirmó Mario Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB).
Rodrigo Paz, quien asumió la presidencia en noviembre, resolvió poner fin a un esquema de subsidios que durante más de dos décadas mantuvo congelados los precios de los combustibles bajo los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. El Gobierno sostuvo que Bolivia importa gran parte de la gasolina y el diésel que consume, lo que profundizó la peor crisis económica del país en los últimos 40 años. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, calificó el subsidio como una “sangría” para las cuentas públicas y señaló que el déficit fiscal de este año rondaría el 13% del Producto Interno Bruto.
El paquete de ajustes incluye además un decreto que habilita al Banco Central de Bolivia a contraer préstamos sin aval de la Asamblea Legislativa, una medida que la COB considera inconstitucional. Desde el Gobierno destacaron que la eliminación del subsidio permitió poner fin a la escasez crónica de combustibles y a las largas filas en las estaciones de servicio, aunque reconocieron que el impacto en los precios intensificó la conflictividad social. Mientras tanto, los dirigentes sindicales advirtieron que podrían sumarse más sectores a las protestas en los próximos días, incluso con una huelga de hambre iniciada por un grupo de mujeres mineras.