GREMIOS REPUDIAN EL PRESUPUESTO 2026 Y ALERTAN POR EL DESFINANCIAMIENTO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Tras su aprobación en el Senado, sindicatos docentes, universitarios y científicos advirtieron que el Artículo 30 elimina los pisos de financiamiento y pone en riesgo el ciclo lectivo, la investigación y el desarrollo tecnológico.
Luego de la aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso, gremios docentes, universitarios y del sistema científico expresaron un fuerte rechazo a la norma impulsada por el gobierno de Javier Milei. El eje central de las críticas es el Artículo 30, que elimina los pisos legales de financiamiento para educación, ciencia y tecnología, y habilita —según denunciaron— un ajuste discrecional en áreas estratégicas.
Desde la CTERA, CONADU Histórica y organismos del sistema científico como el INTA, advirtieron que la medida pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo 2026, el funcionamiento de las universidades y la continuidad de la investigación científica en todo el país. En un comunicado conjunto señalaron que el objetivo de fondo es “la extinción de la educación, la ciencia y la tecnología en todos sus niveles”.
La secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, calificó la aprobación del Presupuesto como una “catástrofe política” y afirmó que consolida un modelo de país “para pocos”. La dirigente sostuvo que el recorte afecta a todos los niveles del sistema educativo y denunció que recursos originalmente destinados a educación fueron redireccionados al pago de la deuda y a áreas de seguridad e inteligencia. También anticipó un escenario de alta conflictividad social durante 2026.
Desde el sector universitario, el economista y dirigente de CONADU Histórica Antonio Rosselló alertó que el ajuste compromete seriamente el inicio del próximo ciclo lectivo. Señaló que el 60% de la producción científica del país se realiza en universidades nacionales que hoy carecen de fondos suficientes, y advirtió sobre renuncias docentes y deserción estudiantil producto del deterioro salarial.
El rechazo gremial se centra en que el Artículo 30 deroga normas que garantizaban un piso mínimo del 6% del PBI para educación y desarma el esquema de financiamiento progresivo del sistema científico, incluyendo al CONICET, INTA y otros organismos. De este modo, el financiamiento queda sujeto a decisiones del Poder Ejecutivo, sin previsibilidad ni resguardo legal.
En este contexto, los gremios anticiparon un 2026 marcado por protestas y conflictos si no se revierte el esquema aprobado. Advirtieron que no se trata solo de una disputa presupuestaria, sino de la defensa del rol del Estado en la educación pública, la ciencia y el desarrollo productivo del país.
