ALLANAN AL DIRECTOR DEL SERVICIO PENITENCIARIO POR IRREGULARIDADES EN LA ALIMENTACIÓN DEL PENAL DE EZEIZA
La Justicia Federal investiga una presunta red interna vinculada a la provisión de viandas en la cárcel de máxima seguridad. El negocio bajo sospecha movería más de 37 mil millones de pesos al año.
La Justicia Federal ordenó el allanamiento de las oficinas del director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, en el marco de una causa que investiga graves irregularidades en la provisión de alimentos en el penal de Ezeiza. La medida fue dispuesta por el juez federal Federico Villena, quien puso la lupa sobre una presunta estructura interna que habría permitido la continuidad de un negocio millonario pese a reiteradas denuncias.
La investigación se reactivó tras una nueva ola de habeas corpus presentados por personas privadas de la libertad, que denunciaron alimentos en mal estado, raciones insuficientes y la presencia de cuerpos extraños en las viandas. Entre los testimonios se describen comidas con carne podrida, restos de insectos, clavos y verduras fermentadas, además del incumplimiento de dietas médicas para internos con patologías crónicas.
El expediente judicial se originó en denuncias acumuladas desde 2016 y derivó, en 2024, en la prohibición a la empresa Food Rush Soluciones Gastronómicas S.A. de continuar prestando el servicio de catering en el penal. Sin embargo, el juez Villena detectó que la nueva firma adjudicataria, Biolimp Soluciones de Calidad S.A., habría operado como una empresa pantalla para sostener el mismo esquema de provisión.
Según consta en la causa, ambas compañías compartirían vehículos, empleados y domicilios fiscales. A esto se sumaron peritajes realizados por la ANMAT, que determinaron que las viandas no cumplían con el Código Alimentario Argentino y no eran aptas para consumo humano, al detectarse bacterias como Escherichia coli, Listeria monocytogenes y Bacillus cereus.
El negocio bajo investigación manejaría cifras millonarias. De acuerdo con fuentes judiciales, el servicio factura alrededor de 17.000 pesos por plato, con tres comidas diarias para una población estimada de 2.000 internos, lo que representa más de 102 millones de pesos por día y supera los 37.000 millones de pesos anuales.
En ese contexto, el viernes 26 de diciembre el juez ordenó allanamientos simultáneos en las empresas involucradas y en dependencias del Servicio Penitenciario Federal, incluida la oficina de su director. Durante el procedimiento, Martínez no entregó su teléfono celular, alegando haberlo extraviado horas antes, una situación que incrementó las sospechas en el expediente.
La investigación continúa abierta y apunta a determinar responsabilidades administrativas y penales en una presunta “mafia interna” que habría operado durante años dentro del sistema penitenciario federal, afectando derechos básicos de las personas privadas de la libertad.
