LA JUSTICIA EXIGIÓ AL SERVICIO PENITENCIARIO CUMPLIR UN FALLO SOBRE EL PAGO A INTERNOS
Un juez federal intimó al Servicio Penitenciario Federal a adecuar el peculio de los presos a la Ley de Contrato de Trabajo y advirtió sobre multas y posibles sanciones penales.
El juez federal Federico Hernán Villena, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora, intimó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a cumplir un fallo judicial firme que ordena liquidar el peculio de las personas privadas de la libertad conforme a la Ley de Contrato de Trabajo. La resolución incluyó el apercibimiento de multas diarias y la eventual configuración del delito de desobediencia judicial en caso de incumplimiento.
La medida se dictó en el marco de un habeas corpus colectivo presentado por internos del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, quienes denunciaron una reducción indebida de sus ingresos a partir de la disminución de horas laborales y la falta de pago de licencias justificadas. El magistrado recordó que la sentencia de fondo había sido dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata en mayo de 2019 y que quedó firme en diciembre de 2023, sin que hasta el momento se haya cumplido de manera efectiva.
En su resolución, Villena rechazó los argumentos presentados por el SPF, basados en resoluciones administrativas del Ministerio de Seguridad y en instructivos internos del organismo. Señaló que esas disposiciones no pueden sustituir ni neutralizar una sentencia judicial firme, ni establecen un cronograma concreto para adecuar el régimen de remuneraciones a la normativa laboral vigente.
En ese contexto, el juez intimó de forma personal al director nacional del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Julián Martínez, a presentar en un plazo de 20 días hábiles un cronograma detallado para adecuar el pago del peculio conforme a la Ley de Contrato de Trabajo. Además, dispuso un control estricto del cumplimiento hasta el cese efectivo de la vulneración de derechos denunciada.
La resolución refuerza el criterio judicial de que el trabajo de las personas privadas de la libertad debe ajustarse a los estándares legales vigentes y advierte que los incumplimientos por parte de la autoridad penitenciaria pueden derivar en sanciones económicas y eventuales responsabilidades penales.
