PRESUPUESTO 2026: EL GOBIERNO DESISTE DE DEROGAR LEYES DE UNIVERSIDADES Y DISCAPACIDAD Y BUSCA ALTERNATIVAS PARA SOSTENER EL DÉFICIT CERO

El Poder Ejecutivo definió no avanzar con las derogaciones en el Senado y elaboró propuestas para cumplir con las demandas sectoriales sin alterar el equilibrio fiscal.

El Gobierno nacional resolvió no insistir en el Senado con la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad en el marco del debate del Presupuesto 2026. La decisión se tomó luego de reafirmar la necesidad de aprobar una ley de gastos sin déficit fiscal, uno de los lineamientos centrales del presidente Javier Milei, y dio lugar al diseño de una serie de alternativas para sostener el equilibrio de las cuentas públicas.

Desde Casa Rosada señalaron que se trata de una propuesta que mantiene vigentes ambas leyes, implica un esfuerzo económico significativo para el Poder Ejecutivo y preserva el objetivo de déficit cero. Si bien inicialmente el oficialismo había evaluado volver a impulsar las derogaciones, finalmente optó por presentar una contrapropuesta que será incorporada al proyecto que obtuvo dictamen en el Senado.

En relación con la emergencia en discapacidad, el Gobierno planteará respetar la ley vigente y propondrá que la pensión no contributiva tenga un valor equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, con actualizaciones conforme al régimen previsional. Además, se establecerá la compatibilidad de la pensión con un vínculo laboral, siempre que los ingresos del beneficiario no superen el equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles, que desde el 1° de diciembre se ubican en $334.800.

También se prevé mantener la compensación de emergencia retroactiva, cuya actualización se calculará en función de los aranceles aprobados entre el 1° de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, junto con la variación del Índice de Precios al Consumidor. El Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad definirán de manera trimestral el mecanismo de ajuste, a propuesta del directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, y en caso contrario se tomará como referencia el IPC.

Otra modificación prevista apunta a profundizar y acelerar las auditorías de las pensiones, con el objetivo de avanzar en la baja de aquellas que presenten irregularidades. Asimismo, el Ejecutivo propondrá eliminar la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social y mantener únicamente la pensión por invalidez laboral, argumentando que la figura eliminada ampliaba de forma desproporcionada el universo de beneficiarios.

En cuanto a la Ley de Financiamiento de Educación Universitaria, el Gobierno no avanzará con su derogación y propondrá, en cambio, un aumento del 20% en el presupuesto destinado a gastos de funcionamiento sobre los créditos asignados en 2025. Respecto de la actualización salarial, se planteará un esquema escalonado con un incremento del 5% a partir del 1° de diciembre de 2025, seguido de cuatro aumentos del 2% en enero, febrero, marzo y abril de 2026.

Además, se buscará establecer que el mes de junio sea el momento en el que el Poder Ejecutivo evalúe compensar eventuales diferencias por inflación, en lugar de aplicar un mecanismo automático, y se avanzará en el reconocimiento del aumento de becas previsto por ley.

Con las derogaciones descartadas, el oficialismo intentará incorporar los artículos restantes del capítulo XI del proyecto, entre ellos los vinculados a los fondos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires, para que la Nación realice las adecuaciones presupuestarias necesarias en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Esta definición se produjo luego de un encuentro entre el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en el Palacio de Hacienda.

En el entorno presidencial señalaron que el objetivo es lograr la aprobación del Presupuesto 2026 antes de fin de año. La flexibilización de algunos puntos del proyecto busca facilitar las negociaciones con gobernadores y bloques aliados que expresaron resistencia en la Cámara de Diputados, en un contexto en el que la sanción de la ley de gastos es considerada clave para avanzar posteriormente con la reforma laboral prevista para febrero.