AUSTRALIA ENDURECIÓ LAS LEYES DE ARMAS Y DELITOS DE ODIO TRAS EL ATAQUE EN BONDI BEACH
El Parlamento aprobó reformas que refuerzan los controles sobre armas de fuego y amplían las sanciones contra la incitación al odio, en respuesta al ataque que dejó 15 muertos.
El Parlamento de Australia aprobó este martes nuevas leyes de control de armas y medidas más estrictas contra los delitos motivados por el odio, en respuesta al ataque ocurrido el 14 de diciembre en Bondi Beach, donde murieron 15 personas durante un festival judío. Las iniciativas fueron sancionadas durante una sesión extraordinaria convocada para abordar el impacto del hecho, considerado el peor tiroteo masivo registrado en el país en décadas.
Los proyectos de ley, que fueron aprobados por la Cámara de Representantes y el Senado, incluyen un programa nacional de recompra de armas, controles de antecedentes más rigurosos para la concesión de licencias y un endurecimiento del marco legal contra la incitación al odio y el extremismo. Las reformas sobre armas contaron con el apoyo del partido de los Verdes y la oposición de la coalición Liberal-Nacional, mientras que las leyes contra los delitos de odio fueron respaldadas por el Partido Liberal.
Al presentar las medidas, el ministro del Interior, Tony Burke, sostuvo que el ataque de Bondi Beach fue perpetrado por personas con “odio en el corazón y armas en las manos” y afirmó que los hechos exigían una respuesta integral del Estado. Según indicó, el objetivo de las reformas es actuar tanto sobre las motivaciones como sobre los medios que permiten este tipo de ataques.
Las nuevas leyes permitirán, además, la ilegalización de grupos de odio que no encuadren formalmente como organizaciones terroristas bajo la legislación vigente. Entre los ejemplos mencionados se encuentra Hizb ut-Tahrir, un grupo islamista que ya se encuentra prohibido en otros países. La legislación también otorga a la Organización de Inteligencia de Seguridad Australiana un rol en la evaluación de qué organizaciones pueden ser declaradas ilegales.
Burke afirmó ante el Parlamento que los presuntos autores del ataque, Sajid Akram y su hijo Naveed Akram, no habrían podido acceder legalmente a armas bajo el nuevo marco normativo. El padre, que fue abatido por la policía durante el ataque, era propietario legal de las armas utilizadas, mientras que su hijo, herido durante el operativo, enfrenta múltiples cargos, entre ellos 15 por asesinato y uno por terrorismo.
La reanudación anticipada de la actividad parlamentaria, prevista originalmente para febrero, se dispuso para responder al impacto del ataque y al clima de conmoción social. El Gobierno señaló que continuará negociando con los estados y territorios sobre la implementación de la recompra de armas, un punto que genera resistencia en algunas jurisdicciones.
