LA REFORMA LABORAL PODRÍA RECORTAR $1,9 BILLONES A LAS PROVINCIAS Y GOLPEAR CON FUERZA A BUENOS AIRES
Un informe técnico advierte que el proyecto impulsado por el Gobierno reduciría de manera significativa los recursos coparticipables. Gobernadores alertan por el impacto fiscal y hablan de una reforma tributaria encubierta.
La letra chica del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei encendió señales de alerta en las provincias. Según estimaciones técnicas, la iniciativa implicaría una pérdida de $1,9 billones en fondos coparticipables, lo que configuraría uno de los mayores recortes fiscales sobre las arcas provinciales de los últimos años. La provincia de Buenos Aires aparece como el distrito más afectado.
El cálculo surge de un informe elaborado por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip), gremio que agrupa a los trabajadores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. El sindicato analizó el impacto de las modificaciones impositivas incluidas en el proyecto de “modernización laboral” y concluyó que la caída de la recaudación alcanzaría tanto al Estado nacional como a las provincias.
De acuerdo con el documento citado por el medio PERFIL, los cambios previstos reducirán la masa coparticipable que, según la ley 23.548, se distribuye en un 40% para la Nación, 1% para los Aportes del Tesoro Nacional y 59% para las jurisdicciones provinciales. La combinación de rebajas impositivas y desfinanciamiento del sistema de seguridad social explica el fuerte impacto proyectado.
Uno de los ejes centrales es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que prevé un aporte del 3% de la masa salarial para cubrir indemnizaciones. Ese esquema se financiaría con una reducción equivalente en las contribuciones patronales, lo que deja un efecto neutro para las empresas, pero reduce los ingresos del Sistema Integrado Previsional Argentino administrado por la Anses.
En ese marco, el artículo 163 del proyecto baja las contribuciones patronales del 20,4% al 17,4% en el sector servicios y del 18% al 15% para el resto de los empleadores privados con personal registrado. A esto se suma la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades y la derogación parcial de impuestos internos que inciden directamente en la recaudación provincial, como los aplicados a seguros, telefonía celular, bienes suntuarios, automotores, embarcaciones y aeronaves.
Según Aefip, el proyecto aprobado en comisión en el Senado en 2025 constituye una reforma tributaria encubierta. En el ranking de distritos más perjudicados, Buenos Aires perdería $397.257 millones, seguida por Santa Fe, Córdoba, Chaco y Entre Ríos. También figuran Tucumán, Mendoza, Santiago del Estero, Salta y Corrientes entre las provincias con mayores recortes estimados.
Mientras algunos gobiernos provinciales ya recalculan presupuestos y advierten sobre un escenario fiscal complejo, desde la Casa Rosada relativizan las cifras y sostienen que el costo debe interpretarse como una inversión para formalizar a millones de trabajadores. En paralelo, el debate avanza en el Congreso y anticipa un nuevo foco de tensión entre la Nación y las provincias.
