UN INFORME DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EE.UU. AVALÓ LA LEGALIDAD DE LA CAPTURA DE MADURO

Un memorando confidencial concluyó que Donald Trump podía autorizar una operación militar limitada en Caracas sin violar la Constitución ni el derecho internacional.

Un memorando confidencial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fechado el 23 de diciembre de 2025 y dirigido al Consejo de Seguridad Nacional, concluyó que el presidente Donald Trump podía autorizar una operación militar limitada para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela. El documento sostuvo que, bajo determinadas condiciones, la acción no violaría la Constitución estadounidense ni el derecho internacional. El análisis se realizó once días antes del operativo ejecutado en Caracas el 3 de enero.

El informe fue elaborado por la Oficina de Asesoría Legal (OLC) y evaluó los parámetros jurídicos para ordenar el uso restringido de fuerzas militares con el objetivo de detener a Maduro y trasladarlo a Estados Unidos para su procesamiento judicial. Según el memorando, la operación no equivalía a una guerra en términos constitucionales. “No todo uso de la fuerza militar constituye una guerra en el sentido constitucional”, señala el texto, que encuadra la acción como un apoyo a la aplicación de la ley.

De acuerdo con la OLC, Trump no requería autorización previa del Congreso para avanzar con una intervención de alcance limitado, siempre que determinara que Maduro representaba una amenaza grave y directa para los intereses nacionales estadounidenses. El documento subraya que debían respetarse los principios de proporcionalidad y duración, y que el despliegue no debía derivar en una ocupación ni en una campaña bélica sostenida.

El memorando también abordó el impacto sobre la soberanía venezolana y rechazó que la captura constituyera automáticamente una violación inadmisible, en tanto la acción se limitara a la detención del mandatario para su enjuiciamiento en territorio estadounidense. En ese marco, aclaró que el objetivo debía ser capturar y no matar a Maduro, y que una operación con fines letales plantearía cuestiones legales distintas. El análisis se apoyó además en la figura de la “rendición extraordinaria” y en el principio Ker-Frisbie, que permite el juzgamiento en tribunales federales de personas capturadas por la fuerza fuera de Estados Unidos.

En el plano operativo, el informe describió un posible asalto en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas, con participación de fuerzas especiales, apoyo aéreo y acciones destinadas a reducir la capacidad de respuesta. El documento reconoció riesgos elevados, entre ellos una eventual escalada militar, represalias de aliados internacionales de Maduro y consecuencias políticas y diplomáticas adversas. Aclaró, no obstante, que su análisis era estrictamente jurídico y no constituía una recomendación para ejecutar la operación.

Finalmente, la OLC advirtió que la legalidad de la autorización presidencial no elimina los costos políticos e internacionales. “Que el Presidente pueda autorizar legalmente la operación no elimina las consecuencias políticas e internacionales sustanciales que podrían derivarse”, concluyó el memorando. Once días después de su envío, Trump autorizó la captura y el traslado de Maduro a Estados Unidos, sin intervención de organismos internacionales.