ABOGADA ARGENTINA SIGUE DETENIDA EN BRASIL CON MEDIDAS CAUTELARES Y SIN PASAPORTE
Agostina Páez, de 29 años, permanece en Río de Janeiro imputada por injuria racial. La fiscalía pidió su prisión preventiva y una fundación solicitó la intervención de la Cancillería argentina.
Agostina Páez, abogada argentina de 29 años, continúa detenida en Brasil bajo un régimen de medidas cautelares que incluye el uso de una tobillera electrónica y la retención de su pasaporte, lo que le impide regresar a la Argentina. La mujer se encuentra imputada por el delito de injuria racial a raíz de un episodio ocurrido durante sus vacaciones en la ciudad de Río de Janeiro.
El hecho tuvo lugar en un bar del barrio de Ipanema, tras un desacuerdo vinculado al cobro de una cuenta. A partir de ese incidente, Páez fue acusada de haber realizado gestos considerados ofensivos por el personal del establecimiento. La imputación dio origen a una causa penal y derivó en la aplicación de restricciones a su libertad ambulatoria, pese a que no existe una condena firme en su contra.
Según un reclamo presentado por la Fundación Apolo, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, las medidas dispuestas por el sistema penal brasileño resultan desproporcionadas en relación con la imputación. En ese marco, la entidad solicitó la intervención de la Cancillería argentina para garantizar la protección consular de la ciudadana detenida.
El escrito sostiene además que existen registros fílmicos previos al accionar de Páez, en los que se observa a un empleado del bar realizando gestos obscenos hacia ella y su acompañante. De acuerdo con el planteo, esa conducta no habría sido debidamente evaluada por las autoridades judiciales y permitiría contextualizar la reacción posterior de la imputada, quien habría sido previamente víctima de un intento de cobro indebido y de burlas de carácter sexual.
La fundación citó normas y tratados internacionales, entre ellos la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la Ley 20.957 del Servicio Exterior argentino y distintos instrumentos de derechos humanos, y cuestionó también la difusión del caso en redes sociales oficiales de fuerzas de seguridad brasileñas. Mientras tanto, la Justicia de Río de Janeiro avanzó en la causa y el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de Páez. La situación judicial continúa abierta, a la espera de una eventual revisión de las medidas cautelares.
