LA JUSTICIA CATAMARQUEÑA Y UNA DECISIÓN CONTROVERSIAL
El fallo que otorgó la libertad al imputado por el crimen del cabo Diego Chávez generó un fuerte rechazo institucional y despertó repercusiones en el arco político y policial de la provincia.
La Corte de Justicia de Catamarca quedó en el centro de la polémica tras resolver el cese de la prisión preventiva de José Javier Aguilar, imputado por el homicidio del Cabo 1° Diego Chávez. La decisión judicial, contenida en un auto interlocutorio fechado el 5 de febrero de 2026, provocó un inmediato y contundente pronunciamiento de la Jefatura General de Policía, que expresó su profundo malestar y acompañó públicamente a la familia del efectivo asesinado.
A través de un comunicado oficial, la fuerza policial calificó el fallo como una “controvertida decisión” que genera “un gran dolor ante una herida que será difícil cerrar”. En el texto, se remarcó el impacto emocional que la medida produjo tanto en los familiares de la víctima como en el conjunto de los integrantes de la institución, al tratarse de un hecho que involucra la muerte de un funcionario en cumplimiento del deber.
Uno de los pasajes más firmes del comunicado estuvo dirigido a los propios efectivos y a la comunidad en general. Allí, la Jefatura sostuvo que “la sociedad catamarqueña no es culpable de este error judicial”, y llamó a redoblar el compromiso en la defensa de la vida, los bienes y los derechos de la población. El mensaje buscó, además, evitar que el descontento derivado del fallo se traslade a la convivencia social o al vínculo entre la Policía y la ciudadanía.
En el mismo documento, la conducción policial expresó su expectativa de que la situación sea revertida en el corto plazo. “Confiamos plenamente en que la Justicia, luego de sorteados los obstáculos y subsanar tal error, lleve adelante muy pronto un nuevo proceso en el que se aplique la pena que tan aberrante hecho merece”, señala el texto, en una clara apelación a que el Poder Judicial revise su postura y avance en un nuevo proceso penal.
El comunicado incluyó también un homenaje a Diego Chávez y a su compañera, Marisa Mazzuco, quien participaba del operativo el día del crimen y falleció tiempo después. El descargo institucional fue firmado por el jefe de Policía, Marcos Manuel Herrera, y se difundió como respuesta directa a la resolución emanada desde la Secretaría Penal de la Corte. La decisión judicial no solo generó malestar en el ámbito policial, sino que abrió un nuevo capítulo de debate y repercusiones en el escenario institucional y político de Catamarca.
