RADICAN TUTELA A FAVOR DE LA MADRE DE KEVIN ACOSTA TRAS DECLARACIONES DE PETRO Y EL MINISTRO DE SALUD
El recurso busca proteger los derechos a la intimidad, honra, buen nombre y dignidad de Yudy Katherine Pico. Solicita rectificación y el retiro de información médica divulgada.
La candidata a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Marcela García, presentó una acción de tutela como agente oficiosa de Yudy Katherine Pico, madre del niño Kevin Acosta, fallecido a los siete años. El recurso fue radicado para solicitar la protección de los derechos a la intimidad, honra, buen nombre y dignidad de la ciudadana, tras declaraciones del presidente Gustavo Petro y del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.
Según García, los pronunciamientos del jefe de Estado vulneraron esos derechos al responsabilizar públicamente a la madre por la muerte del menor, paciente de hemofilia. La abogada afirmó en su cuenta de X: “El dolor de una madre no puede convertirse en escenario de señalamientos públicos sin sustento judicial”. También cuestionó que se hubiera divulgado información médica privada.
El lunes 16 de febrero, durante el Consejo de Ministros, Petro se refirió al caso y señaló que la familia es la primera institución llamada a prevenir riesgos. “Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos”, escribió el mandatario, en alusión al accidente que sufrió el menor tras esperar dos meses un tratamiento a cargo de la Nueva EPS. Posteriormente, publicó la historia clínica del niño.
En respaldo a las declaraciones presidenciales, el ministro Jaramillo indicó que el niño “tuvo este accidente en bicicleta” y explicó que quienes padecen hemofilia deben tener restricciones en actividades que puedan generar traumas. Agregó que el caso debe investigarse.
La tutela solicita como medida cautelar que el Presidente y el Ministro cesen los señalamientos y cualquier forma de revictimización pública, así como la rectificación en condiciones de equidad y el retiro inmediato de la información médica divulgada sin autorización. García citó el artículo 86 de la Constitución Política para sustentar la procedencia del recurso frente a presuntas vulneraciones por parte de autoridades públicas.
