VENEZUELA ACELERA EXCARCELACIONES MIENTRAS SE DEBATE UNA LEY DE AMNISTÍA
El Foro Penal confirmó la liberación de 310 presos políticos desde enero y reclamó que el proceso continúe sin interrupciones durante el tratamiento legislativo.
La organización no gubernamental Foro Penal confirmó que desde el 8 de enero fueron liberados 310 presos políticos en Venezuela. Según precisó su presidente, Alfredo Romero, el proceso se aceleró de forma marcada durante la última semana, en la que se registraron 151 excarcelaciones en distintos centros de detención del país.
De acuerdo con el reporte del Foro Penal, el aumento en el ritmo de las liberaciones generó un cambio visible en el clima en las inmediaciones de las cárceles, donde numerosas familias aguardaban novedades sobre la situación de sus allegados. Las excarcelaciones se producen en un contexto político atravesado por el debate de una posible amnistía general.
La ONG recibió con expectativa la propuesta de ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Sin embargo, Romero advirtió que el tratamiento de la iniciativa debe realizarse con cautela y urgencia, y sostuvo que la medida debe orientarse a la pacificación y reunificación del país, sin derivar en escenarios de impunidad.
En ese sentido, el Foro Penal remarcó que el eventual otorgamiento de una amnistía no debe convertirse en un mecanismo para eludir responsabilidades por violaciones a los derechos humanos. También subrayó la necesidad de que las víctimas y la sociedad civil participen activamente del proceso y de que se respeten los principios internacionales de justicia y reparación.
Pese a las excarcelaciones registradas, la organización alertó que aún permanecen detenidos más de 700 presos políticos en el país. Ante ese escenario, reclamó que las liberaciones continúen de manera inmediata y que no queden condicionadas exclusivamente a la aprobación formal de la ley en discusión.
Por último, el Foro Penal señaló que existe una diferencia sustancial entre amnistía e indulto y afirmó que cualquier beneficio legal debe apuntar a garantizar la estabilidad democrática en Venezuela. Según la ONG, el objetivo central es evitar la repetición de persecuciones por motivos ideológicos y asegurar que las personas liberadas no enfrenten nuevas restricciones en el futuro.
