
CONDENAN A UNA MUJER A PAGAR $30 MILLONES POR HOSTIGAMIENTO DIGITAL A SU EX PAREJA EN LA RIOJA
La Justicia provincial sancionó una campaña de difamación en redes sociales que afectó la salud y la carrera de un agente policial. El fallo incluye medidas de reparación pública.
La Justicia de La Rioja dictó el 24 de abril de 2026 una sentencia que condena a una mujer a pagar 30 millones de pesos por difamar y hostigar a su ex pareja a través de redes sociales. El caso involucra a un agente de la policía provincial y se originó tras la ruptura de la relación durante la pandemia. La resolución judicial considera acreditada una campaña sistemática de agresiones digitales que impactó en la vida personal y profesional del damnificado.
Según el expediente, la mujer utilizó su perfil personal y cuentas falsas para publicar insultos y acusaciones sin sustento, entre ellas expresiones como “estafador”, “chizito”, “cornudo” y “pito corto”. Las publicaciones alcanzaron una amplia difusión e incluyeron la exposición de información sensible, como imágenes del domicilio del agente, lo que incrementó su nivel de vulnerabilidad.
El fallo establece que el hostigamiento estuvo motivado por la negativa a aceptar el fin del vínculo. La abogada del damnificado, Celeste Maidana, señaló que la decisión constituye un precedente relevante por el nivel de viralización y la gravedad del caso, al abordar de manera concreta el fenómeno del escrache digital.
Las consecuencias para el agente fueron significativas. En el plano personal, debió solicitar una carpeta psiquiátrica debido al deterioro de su salud mental. En el ámbito laboral, una denuncia por violencia de género iniciada por la mujer —luego archivada por inexistente— derivó en un sumario administrativo que frenó su ascenso durante tres años. Además, el afectado afrontó costos legales para su defensa.
La sentencia dispone medidas de reparación, entre ellas la eliminación total de los contenidos difundidos y la publicación del fallo en los perfiles utilizados, incluidos los falsos. También se ordenó la difusión institucional de la resolución. En caso de incumplimiento del pago, se prevé el embargo de sueldo y bienes de la condenada.