EL GOBIERNO POSPONE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL Y ANALIZA UN ENVÍO PARCIAL AL CONGRESO
La Casa Rosada debate si presentar un paquete acotado o una modificación integral. La definición impactará en la agenda legislativa y en el alcance de los cambios.
El Gobierno abrió una nueva instancia de discusión interna sobre la reforma del Código Penal, lo que retrasará su envío al Congreso. El eje del debate se centra en definir si avanzará con un paquete parcial de modificaciones o con una propuesta integral del texto, que quedó en revisión tras la salida de Mariano Cúneo Libarona y la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia.
La definición se ordenará en próximas reuniones de la mesa política. Un sector del oficialismo impulsa avanzar por etapas, priorizando los puntos con mayor viabilidad política y parlamentaria. En esa línea se ubican propuestas como la tipificación de estafas piramidales, crímenes de “viudas negras”, salideras, entraderas y delitos cometidos por motochorros, además del endurecimiento de penas para grooming, abuso sexual infantil, picadas callejeras, tenencia de armas en cárceles y maltrato animal.
Ese esquema también incluye modificaciones vinculadas a delitos migratorios, con figuras para sancionar el ingreso ilegal, el fraude migratorio y la reincidencia de extranjeros deportados. En el oficialismo señalan que esta estrategia busca concentrarse en temas con mayor consenso social y menor resistencia legislativa, con foco en seguridad urbana y protección de víctimas.
En paralelo, otros sectores promueven una reforma más amplia que abarque un mayor número de cambios. Argumentan que fragmentar el proyecto podría diluir su impacto político y extender el tratamiento de temas considerados centrales. En ese enfoque aparecen cuestiones sensibles como el tratamiento penal de la corrupción y modificaciones en el lavado de dinero, que generaron tensiones internas en los últimos días.
Al mismo tiempo, debates de alto voltaje político, como aborto, femicidio, imprescriptibilidad de delitos de corrupción, delitos de lesa humanidad y aspectos penales vinculados al ambiente, quedaron relegados por el momento. La discusión continúa en el área de Legal y Técnica, encargada de la redacción final, mientras el Gobierno mantiene en suspenso tanto el contenido como el momento de presentación del proyecto.
