INVESTIGAN CONTRATOS Y PAGOS EN EL NUEVO SISTEMA DE PASAPORTES EN COLOMBIA
El modelo acordado con Portugal enfrenta cuestionamientos legales, una disputa judicial en curso y el análisis de organismos de control.
El inicio del nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia, implementado bajo un acuerdo con Portugal, quedó envuelto en un escenario de incertidumbre por presuntas irregularidades contractuales y millonarios pagos en disputa. El sistema comenzó a regir el 1 de abril, según lo anunciado por la Imprenta Nacional.
La Procuraduría General de la Nación mantiene observaciones sobre la legalidad de los acuerdos firmados entre la Cancillería y la Casa de la Moneda de Portugal. En el centro del análisis se encuentran cuatro contratos bajo escrutinio, con montos comprometidos que alcanzan los 1,49 billones de pesos.
Uno de los puntos señalados es la firma de un contrato el 29 de enero, registrado en la plataforma Secop, por más de 185.370 millones de pesos, apenas días antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. Este acuerdo se suma a otros convenios previos que contemplan la producción, personalización y distribución de pasaportes hasta 2034 y 2036.
La controversia también se traslada al plano judicial. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca analiza una demanda que busca anular el convenio internacional, mientras la Procuraduría solicitó la nulidad absoluta del acuerdo y la suspensión de los giros estatales comprometidos. Hasta el momento, no hay una resolución definitiva.
En paralelo, la expedición de pasaportes continúa en manos de la empresa Thomas Greg & Sons, tras la declaración de urgencia manifiesta realizada en agosto de 2025 para extender su contrato. El proceso se desarrolla bajo la observación de distintos organismos de control, mientras persisten las investigaciones disciplinarias y penales vinculadas al caso.
