INVESTIGAN UNA PRESUNTA RED DE DESINFORMACIÓN RUSA QUE HABRÍA APUNTADO CONTRA MILEI
Una filtración de documentos vincula a una estructura paraestatal con publicaciones en medios argentinos. El caso ya fue judicializado y genera repercusiones políticas.
Una filtración de documentos de inteligencia rusa desató un escándalo que involucra a una presunta estructura paraestatal, a medios digitales argentinos y al presidente Javier Milei como blanco de una campaña de desinformación. El material, compuesto por 76 documentos y más de 1.400 páginas, fue difundido por un consorcio internacional de organizaciones periodísticas tras ser recibido por el medio africano The Continent.
Según la investigación, los documentos describen las acciones de un grupo identificado como “La Compañía”, que habría operado en distintos países entre abril y octubre de 2024. En Argentina, se menciona la presencia de al menos dos agentes vinculados a la red que residían en Buenos Aires y que, tras ser identificados, habrían salido del país y luego regresado.
El informe señala un presupuesto estimado en 283.000 dólares para financiar la publicación de más de 250 artículos en al menos 23 medios digitales. También se identificaron pagos a unas cincuenta cuentas de redes sociales para amplificar contenidos críticos al Gobierno. Parte de la operatoria habría incluido el uso de intermediarios, identidades ficticias y artículos sin firma o con autores inexistentes.
Entre los temas abordados en los contenidos se mencionan la política exterior argentina, críticas al plan económico, tensiones diplomáticas y conflictos internos del oficialismo, además de la difusión de noticias falsas. Sin embargo, el consorcio investigador reconoció que no pudo verificar de forma concluyente la realización de los pagos ni su destino final, y que los documentos son la única fuente directa.
El presidente Milei calificó el caso como un hecho de “gravedad institucional” y aseguró que se avanzará para identificar a los responsables. Desde el Gobierno indicaron que la situación había sido informada a la Justicia Federal en octubre de 2025. En tanto, la Embajada rusa rechazó las acusaciones y sostuvo que no se presentaron pruebas.
El caso se encuentra judicializado y será la Justicia Federal la encargada de determinar si existió delito, quiénes participaron y cuál fue el alcance de la presunta operación, en un contexto que también abrió un debate sobre el funcionamiento del ecosistema informativo y los mecanismos de publicación de contenidos.
