DESPIDIERON A 40 TRABAJADORES EN EMBALSE Y CRECE LA POLÉMICA POR LA PRIVATIZACIÓN DEL COMPLEJO TURÍSTICO
El Gobierno nacional avanzó con nuevos despidos en la unidad turística de Córdoba mientras continúa el proceso para transferir el predio a manos privadas. Hay malestar gremial y críticas del intendente local.
El complejo turístico de Embalse, en Córdoba, quedó en el centro de la polémica luego de que se confirmara el despido de 40 trabajadores, entre contratados y personal permanente, en medio del proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional. La medida se produjo pocas semanas después de que Nación habilitara la venta de distintas propiedades estatales, entre ellas las unidades turísticas de Embalse y Chapadmalal.
La decisión fue formalizada mediante un decreto que autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a “disponer, enajenar y/o transferir” inmuebles pertenecientes al Estado nacional para que pasen a manos privadas.
El intendente de Embalse, Mario Rivarola, cuestionó duramente la medida y expresó su preocupación por el impacto laboral. “Desde la Capital Federal les importa muy poco las familias que trabajan. Estoy muy triste y enojado”, afirmó. Según explicó, 25 contratos fueron dados de baja y otros 16 trabajadores quedaron “a disposición”.
El complejo turístico de Embalse, al igual que el de Chapadmalal, fue construido durante los primeros gobiernos de Juan Domingo Perón y durante décadas funcionó como uno de los principales destinos del turismo social en el país. Chapadmalal también atraviesa un proceso similar y lleva más de un año sin prestar servicios.
Desde el Gobierno nacional sostienen que ambos predios fueron transferidos a la órbita de la AABE luego del fracaso de una prueba piloto que buscaba volver autosuficiente el esquema de turismo social mediante el aumento de tarifas. Además, remarcaron que las unidades fueron declaradas “innecesarias” en el marco de la emergencia administrativa, económica y financiera.
Mientras avanza el proceso de privatización, representantes gremiales anunciaron reuniones con funcionarios nacionales de la Jefatura de Gabinete para intentar revertir o revisar la decisión.
