LA JUSTICIA FEDERAL ORDENÓ A PAMI E INCLUIR SALUD NORMALIZAR LOS PAGOS POR DISCAPACIDAD EN CÓRDOBA
Un juzgado federal hizo lugar a una acción de amparo colectiva y dispuso que ambas entidades regularicen y mantengan al día las prestaciones destinadas a personas con discapacidad titulares de pensiones no contributivas. El fallo también cuestionó las demoras acumuladas desde fines de 2025.
El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba ordenó a PAMI y al programa Incluir Salud regularizar y sostener al día la cadena de pagos de las prestaciones básicas de salud destinadas a personas con discapacidad que cobran pensiones no contributivas. La decisión fue adoptada en el marco de una acción de amparo colectiva promovida por la abogada Marta Lastra, referente de Defendamos Córdoba en temas de discapacidad, y alcanza a miles de beneficiarios en la provincia.
La sentencia fue firmada por el juez Miguel Vaca Narvaja, quien cuestionó que el Estado Nacional invoque razones de control u ordenamiento presupuestario para incumplir con obligaciones pendientes desde diciembre del año pasado. En el fallo, el magistrado advirtió que esa conducta omisiva afecta a un colectivo “sumamente vulnerable” y sostuvo que, de persistir, podría derivar en responsabilidades civiles y penales. También remarcó que la demora injustificada constituye un acto arbitrario e ilegal que habilita la procedencia del amparo.
El fallo ordena formalmente a ambas entidades a normalizar el pago de las prestaciones y evitar nuevas interrupciones en la cadena de financiamiento que sostiene a hogares, centros de día y profesionales que asisten a personas con discapacidad. Según se indicó, el conflicto se arrastraba desde finales de 2025 a raíz de cortes e irregularidades en los pagos estatales, en un contexto de incumplimientos vinculados a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
En los fundamentos, el juez sostuvo que la asistencia integral a la discapacidad constituye una política pública y afirmó que los derechos vinculados al acceso a prestaciones de salud no pueden quedar en un plano meramente declarativo. También señaló que el goce efectivo de esos derechos es condición para preservar la dignidad humana y el pleno desarrollo de las personas afectadas.
Durante el proceso, el magistrado constató demoras de hasta cinco meses en la cancelación de servicios ya prestados. La resolución de primera instancia busca revertir esa situación y garantizar la continuidad de las prestaciones para los titulares de pensiones no contributivas alcanzados por el amparo colectivo
