Denunciaron penalmente a la ministra de Seguridad por la represión frente al Congreso
La presentación fue realizada contra Alejandra Monteoliva y el comisario inspector Gustavo Gauna por el operativo del 6 de agosto. El abogado Gregorio Galbón pidió investigar posibles abusos de autoridad y responsabilidades por la actuación de las fuerzas de seguridad.
La ministra argentina de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el comisario inspector de la Policía Federal Gustavo Gauna fueron denunciados penalmente por la represión ocurrida durante una manifestación frente al Congreso de la Nación el pasado jueves 6 de agosto.
La presentación fue realizada ante los tribunales por el abogado Gregorio Galbón, quien solicitó que se investigue el accionar de las fuerzas de seguridad durante el operativo, que, según la denuncia, dejó alrededor de 1.500 heridos y 18 detenidos.
De acuerdo con el escrito, más de 820 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura participaron del dispositivo desplegado en las inmediaciones del Congreso.
La acusación sostiene que la manifestación comenzó de manera pacífica y que, con el transcurso de la jornada, las fuerzas de seguridad avanzaron sobre los sectores ocupados por los manifestantes a medida que aumentaba la cantidad de personas concentradas.
Piden investigar a la ministra y al jefe policial
La denuncia señala que Monteoliva, como máxima autoridad política del área de Seguridad de la que dependen las fuerzas federales involucradas, debe ser investigada por las decisiones adoptadas antes, durante y después del operativo.
La presentación apunta a determinar si existieron posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, vejaciones y apremios ilegales.
Además, el abogado solicitó establecer quién autorizó la presencia de policías de civil armados y quién impartió las órdenes para llevar adelante el operativo.
La movilización había sido convocada frente al Congreso mientras el Senado debatía el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La denuncia también alcanza a todos aquellos funcionarios públicos y efectivos de las fuerzas federales que eventualmente resulten responsables, ya sea como autores, coautores, partícipes o por las responsabilidades funcionales que pudieran corresponder.
La denuncia contra un policía vestido de civil
Uno de los puntos centrales de la presentación está relacionado con el comisario inspector Gustavo Gauna, quien, según sostiene el escrito, aparece en imágenes difundidas públicamente vestido de civil, portando un arma larga y efectuando disparos durante el operativo.
El abogado pidió determinar qué arma utilizó el funcionario, qué munición llevaba, quién autorizó su portación, cuál era la función que tenía asignada y bajo qué órdenes actuaba.
También solicitó que Gauna sea apartado preventivamente de sus funciones mientras avance la investigación judicial.
La presentación busca establecer si la presencia de personal armado de civil formaba parte del dispositivo de seguridad previamente planificado y autorizado por las autoridades policiales y políticas o si se trató de una conducta individual que excedió las órdenes recibidas.
Preocupación por las agresiones a trabajadores de prensa
Otro de los aspectos destacados en la denuncia son las agresiones sufridas por periodistas, fotógrafos y camarógrafos que se encontraban cubriendo la manifestación.
El escrito menciona especialmente el caso de una fotorreportera que sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó una fractura en la base del cráneo y una grave afectación en su oído izquierdo.
La trabajadora de prensa permanece internada en el Hospital Dr. Argerich, bajo observación neurológica.
La investigación judicial deberá determinar las responsabilidades correspondientes por el operativo y establecer las circunstancias en las que se produjeron los hechos denunciados.
