LA DEFENSA DEL ESTADO LLEGÓ OCHO MESES TARDE EN LA CAUSA POR LA TRAGEDIA DE LA ALCAIDÍA
La Fiscalía de Estado respondió fuera del plazo legal en la demanda iniciada por la familia de Nelson Fernández. La Justicia declaró extemporánea su presentación.
La causa que condenó al Estado provincial a pagar más de $156 millones, más intereses, por la muerte de Nelson Fernández, de 15 años, expuso graves demoras en la actuación de la Fiscalía de Estado. El adolescente fue una de las cuatro víctimas de la Tragedia de la Alcaidía, junto con Franco Ezequiel Nieva, Nelson Molas y Franco Sosa.
El juicio por daños y perjuicios y daño moral comenzó en julio de 2022, cuando se ordenó notificar al gobernador y al fiscal de Estado para que respondieran dentro de los treinta días. La demanda fue ampliada en agosto con nuevas pruebas y documentación, pero el Estado provincial no contestó en el plazo establecido. El 28 de abril de 2023, la Justicia declaró decaído el derecho que no había ejercido.
Los abogados Tomás Hugo Aibar y Noemí Beatriz Denett cuestionaron esa decisión durante una audiencia preliminar realizada en junio de 2023. Argumentaron que no habían sido vinculados al expediente digital y que esa situación les había impedido acceder a las actuaciones. Sin embargo, la Justicia señaló que la contestación ingresó al sistema el 18 de abril y que los representantes estatales conocían la digitalización de la causa.
El Juzgado Civil Nº 1 también constató que no existía ningún pedido de los letrados para corregir la supuesta falta de acceso. El reglamento del Expediente Digital establece que el propio usuario debe solicitar al organismo judicial la subsanación de cualquier inconveniente de vinculación. Además, los abogados esperaron aproximadamente dos meses para plantear el problema y tampoco cuestionaron una actuación procesal concreta, por lo que su reclamo fue rechazado.
La demora en la causa civil se suma a los cuestionamientos surgidos en el expediente penal. En noviembre del año pasado, la Corte provincial sobreseyó a los cuatro policías imputados al declarar la insubsistencia de la acción penal por las dilaciones acumuladas durante casi quince años. El Ministerio Público Fiscal recurrió la decisión y, tras el rechazo local, presentó en julio una queja ante la Corte Suprema para intentar que se revoquen los sobreseimientos y se realice el juicio.
