Condenaron a cuatro periodistas por una cobertura en una comunidad originaria de Formosa
El Juzgado de Paz de Las Lomitas les impuso cinco días de arresto, sustituibles por una multa de $282.550, por una infracción al Código de Faltas provincial.
El Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas condenó a cinco días de arresto a cuatro integrantes del equipo periodístico del diario La Nación que realizaron una cobertura en la Comunidad San José, perteneciente al pueblo originario nivaclé.
La resolución, identificada con el número 351/2026 y firmada por el juez Omar Padilla, establece que la pena puede ser reemplazada por una multa de $282.550 para cada uno de los condenados.
Los periodistas sancionados son la cronista Micaela Urdinez, el camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, el sonidista Joaquín Rajadel y el director audiovisual Javier Federico Corbalán.
El magistrado los consideró responsables de una infracción al artículo 73 del Código de Faltas de Formosa, referido al inicio de actividades sin cumplir con determinados requisitos previos.
Cómo comenzó el caso
El episodio que dio origen a la causa ocurrió en septiembre de 2025, cuando el equipo trabajaba en una serie de informes sobre comunidades originarias para el programa Hambre de Futuro.
El 15 de septiembre, los cuatro periodistas llegaron a Las Lomitas junto con integrantes de la Asociación para la Promoción de la Cultura y del Desarrollo (APCD), con el objetivo de visitar las comunidades nivaclé de San José y El Algarrobal.
Durante la jornada realizaron entrevistas y filmaciones en San José. Entre las personas entrevistadas estuvieron Guillermo López, cacique de la comunidad, su esposa, su hija y su nieta. Parte de esas entrevistas luego fueron utilizadas en el documental sobre la situación del pueblo nivaclé.
La denuncia que dio inicio al expediente fue presentada el 19 de septiembre de 2025. Los periodistas fueron acusados de alterar el orden público y de no retirarse de la comunidad después de que se les solicitara hacerlo.
Los integrantes del equipo negaron esas acusaciones y sostuvieron que contaban con autorización para realizar la cobertura.
Los cuestionamientos de FOPEA
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) cuestionó la actuación durante el operativo y sostuvo que los periodistas fueron sometidos a seguimientos mediante vehículos sin identificar, vigilancia, una interceptación policial en rutas y una retención de dos horas.
La organización también señaló que la denuncia fue presentada en nombre del cacique Guillermo López, quien posteriormente negó haberla promovido. Según FOPEA, López afirmó que agentes policiales lo trasladaron para firmar un escrito cuyo contenido desconocía.
La entidad cuestionó además la aplicación del artículo 73 del Código de Faltas y el uso de argumentos vinculados con la falta de acreditación de la matrícula profesional o de vínculos laborales locales, en referencia a la Ley 12.908.
FOPEA sostuvo que para ejercer el periodismo no es obligatorio contar con un carnet profesional en ningún lugar del país.
La resolución judicial
El juzgado también analizó una acusación basada en el artículo 77 inciso “a”, relacionada con provocaciones o gritos. En este punto, los cuatro periodistas fueron absueltos debido a la falta de certezas.
Sin embargo, se mantuvo la condena de cinco días de arresto. La resolución también impidió que la pena fuera cumplida de manera condicional debido a que los condenados residen fuera de la provincia.
FOPEA cuestionó que una situación vinculada con una cobertura periodística terminara en una sanción contravencional y sostuvo que la resolución convalida los hechos de amedrentamiento policial que, según la organización, fueron denunciados durante el trabajo de los periodistas.
La entidad reclamó a los poderes públicos que garanticen el ejercicio del periodismo y cuestionó el uso de exigencias administrativas o matriculares como obstáculos para realizar coberturas.
Además, advirtió que la aplicación de normas de este tipo contra periodistas puede generar un efecto inhibitorio sobre quienes investigan e informan sobre asuntos de interés público.
