Procesaron a Bebote Álvarez por una causa de narcotráfico y continuará detenido
El líder de la facción Los Diablos Rojos fue procesado por asociación ilícita y tráfico de estupefacientes agravado. Además, recibió un embargo de 800 millones de pesos.
Pablo Alejandro Álvarez, conocido como Bebote, fue procesado por la Justicia en el marco de una investigación que lo vincula con una organización dedicada al tráfico de drogas.
El juez Gustavo Meirovich resolvió procesarlo por los delitos de asociación ilícita y tráfico de estupefacientes agravado, además de disponer un embargo sobre sus bienes por 800 millones de pesos.
Álvarez permanece detenido desde fines de agosto y continuará alojado en el penal de Marcos Paz hasta la realización del juicio oral.
La resolución judicial tiene 109 páginas y sostiene que el barra de Independiente habría formado parte de una organización que ingresaba éxtasis líquido desde España para producir pastillas en Argentina y obtenía cocaína desde Bolivia. También se investigan operaciones vinculadas con marihuana, ketamina y tusi.
Las pruebas incorporadas a la causa
La investigación comenzó en febrero de este año, luego de la detención de una persona que trasladaba droga en el aeropuerto de Ezeiza. Con el avance de la causa, quedaron 17 personas investigadas y 11 detenidas, entre ellas Álvarez.
Según la resolución, el local Paladar Rojo, ubicado junto al estadio de Independiente y vinculado a Bebote, habría funcionado como centro logístico de la organización. El lugar cuenta con una hamburguesería y un museo de camisetas de jugadores que pasaron por el club.
Álvarez sostuvo que solamente alquilaba el establecimiento y que desconocía las actividades que allí se desarrollaban. También afirmó que tomó conocimiento de una situación irregular cuando recibió información sobre un hombre que habría sido retenido y agredido dentro del museo.
Sin embargo, el juez consideró que los peritajes realizados sobre teléfonos celulares y otros dispositivos secuestrados aportaron indicios de una presunta participación del barra en las actividades investigadas.
Entre las pruebas mencionadas aparecen conversaciones sobre el traslado de cocaína desde Bolivia, referencias a puntos de venta y comunicaciones relacionadas con el cobro de deudas derivadas de la comercialización de drogas.
También figura un video fechado el 5 de noviembre de 2025 que la Justicia atribuye a Álvarez. En las imágenes, según la investigación, analiza una sustancia que presumiblemente sería cocaína y explica características que permitirían evaluar su calidad.
Diálogos, armas y amenazas
La causa también incorporó fotografías de un hombre identificado como Rodrigo Espínola, quien habría sido retenido y sometido a distintas vejaciones dentro del local Paladar Rojo a raíz de una deuda.
Los investigadores además detectaron comunicaciones relacionadas con armas de fuego. En uno de los intercambios, un contacto identificado como “Muñeco Nuevo”, al que la Policía Federal vinculó con una organización narcocriminal, habría enviado fotografías de armas y mencionado el precio de un fusil.
Según la resolución, Álvarez respondió que mostraría las imágenes a otras personas para determinar si estaban interesadas.
En otros diálogos aparece una referencia a que “Pablo no se quiere perder lo de Bolivia”, expresión que la Justicia vinculó con las operaciones de tráfico de drogas.
Frente a estas acusaciones, Álvarez negó haber formado parte de la organización y aseguró que terceros utilizaban su nombre para generar temor y realizar negocios.
También sostuvo que había pedido rescindir el contrato de alquiler del local luego de conocer lo que ocurría allí y negó mantener una relación con quienes utilizaban el establecimiento.
La investigación continúa
El juez Meirovich consideró que existen múltiples comunicaciones entre otros acusados en las que se menciona una participación directa de Álvarez en las actividades de la organización.
En uno de los diálogos incorporados al expediente, Raúl Manzone, alias Bruja, menciona la existencia de distintos puntos de venta de cocaína. Otras conversaciones, según la resolución, mostrarían que Álvarez recibía información sobre las operaciones.
La Justicia sostiene además que la organización habría generado importantes sumas de dinero que eran canalizadas mediante criptomonedas y que utilizaba métodos de intimidación para reclamar pagos pendientes.
Con el procesamiento y el embargo de 800 millones de pesos, Álvarez continuará detenido a la espera de que avance la causa hacia el juicio oral.
