TRES ADOLESCENTES IMPUTADOS POR UN VIDEO ÍNTIMO Y OTRA INVESTIGACIÓN POR HOSTIGAMIENTO
La Justicia investiga la obtención y circulación sin consentimiento de material íntimo de una estudiante. Educación pidió al colegio un informe y un plan de protección y continuidad pedagógica.
La Fiscalía Penal Juvenil de Catamarca, a cargo de Guillermo Narváez, imputó este jueves 22 de octubre a tres adolescentes por la presunta producción y distribución de representaciones sexuales explícitas de una persona menor de 18 años. La acusación comprende dos hechos en concurso real y les atribuye la condición de coautores. En paralelo, la Fiscalía de Instrucción N.º 7 investiga a una alumna de 18 años por posibles hechos de hostigamiento contra la misma víctima.
Según la investigación, los hechos ocurrieron en abril de 2026, durante actividades vinculadas con la presentación de buzos escolares. Los acusados habrían accedido sin autorización al teléfono de una compañera y obtenido un video íntimo de ella y su pareja. Luego habrían realizado copias del material, cuya circulación llegó a conocimiento de la adolescente en menos de una semana. Su madre presentó la denuncia penal y se constituyó como querellante.
La investigación paralela, encabezada por la fiscal Paola González Pinto, analiza un video viralizado en el que otra estudiante relata situaciones de hostigamiento hacia la víctima. La joven de 18 años todavía no fue imputada y se ordenaron medidas probatorias. Por su parte, Marcos Gandini, defensor de uno de los adolescentes acusados, cuestionó la existencia de pruebas suficientes para atribuirle la difusión del material. También presentó un planteo de nulidad que fue rechazado.
Ante la repercusión del caso, el Colegio Privado Pía Didoménico difundió un comunicado en el que sostuvo que actuó con responsabilidad y celeridad desde que tomó conocimiento de los hechos. La institución aseguró, además, que trabajó de manera articulada con las autoridades ministeriales para abordar la situación.
El Ministerio de Educación y Trabajo informó que interviene para resguardar los derechos de los estudiantes y evaluar las actuaciones del establecimiento. Tras una visita de autoridades educativas, exigió al colegio un informe detallado sobre los hechos y las medidas adoptadas, con documentación respaldatoria, en un plazo de 24 horas. También solicitó un plan individual de protección y continuidad pedagógica para los alumnos involucrados.
