ARROYO CRITICÓ EL CIERRE DE ANDIS Y ALERTÓ POR UN RETROCESO EN DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El ex ministro y ex titular de la comisión de Discapacidad de Diputados cuestionó la decisión del Gobierno y advirtió que se abandona un enfoque integral basado en derechos.
El ex presidente de la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados y ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, cuestionó con dureza la decisión del Gobierno nacional de disolver la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y advirtió que la medida representa un “retroceso grave” en materia de políticas públicas y derechos de las personas con discapacidad.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Arroyo afirmó que la eliminación del organismo “desoye años de lucha” y remarcó que la discapacidad “no es solo un tema sanitario”. En ese sentido, sostuvo que el abordaje estatal debe contemplar una mirada integral que incluya políticas vinculadas a la educación, el trabajo y el transporte, y no limitarse a un enfoque exclusivamente médico.
“El cambio vulnera la Convención Internacional y nos hace volver a un modelo médico que ya fue superado”, expresó el dirigente del Frente de Todos, al señalar que la disolución de la agencia implica un retroceso respecto del enfoque de derechos que se había consolidado en los últimos años a partir de consensos legislativos y políticas de Estado.
La disolución de la ANDIS fue anunciada este martes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y se produce meses después de que saliera a la luz una presunta trama de corrupción dentro del organismo. El escándalo se desató tras la difusión de audios atribuidos al ex titular de la agencia, Diego Spagnuolo, y derivó en denuncias que también mencionan a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, señalada como presunta impulsora de pedidos de sobornos equivalentes al 3% de contratos firmados con laboratorios proveedores de medicamentos.
La decisión oficial generó fuertes cuestionamientos desde sectores vinculados a la discapacidad y desde la oposición política, que advirtieron sobre el impacto institucional y social que podría tener el cierre del organismo encargado de articular las políticas públicas en esa área. Según esos planteos, la eliminación de la ANDIS no solo debilita la coordinación estatal, sino que también pone en riesgo avances normativos y administrativos logrados a lo largo de los últimos años en materia de inclusión y garantía de derechos.
