EL EJECUTIVO REMITIÓ AL CONGRESO LA REFORMA DE LA LEY DE GLACIARES Y SOLICITÓ TRATAMIENTO RÁPIDO
El Gobierno formalizó el envío del proyecto y aseguró que apunta a proteger el ambiente con criterios técnicos y previsibilidad jurídica para las provincias.
El Gobierno nacional envió este lunes al Congreso de la Nación el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, según informó la Oficina del Presidente a través de un comunicado difundido en la red social X. Desde el Ejecutivo solicitaron celeridad en el tratamiento parlamentario de la iniciativa, al considerar que resulta clave para ordenar el marco normativo vigente.
En los fundamentos oficiales, se señaló que la propuesta busca poner fin a interpretaciones consideradas arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental acorde con la Constitución Nacional. Según el Gobierno, la normativa vigente desde 2010 presentó falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica y frenaron inversiones productivas, especialmente en sectores vinculados a la minería y a los recursos naturales.
La administración de Javier Milei sostuvo que la actual Ley N.º 26.639 limitó el ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales y afectó proyectos económicos relevantes. En ese sentido, el proyecto plantea establecer reglas claras para la protección de glaciares de acuerdo con su función hídrica efectiva, fortalecer los estándares ambientales y reducir márgenes de discrecionalidad que, según el Ejecutivo, respondieron a criterios ideológicos.
El envío del proyecto se produce tras más de quince años de vigencia de la ley actual, período en el que distintos actores del sector minero cuestionaron la precisión técnica de la norma y su impacto sobre inversiones, en particular en yacimientos de cobre ubicados en la cordillera. De acuerdo con datos oficiales, la Argentina cuenta con cuatro de los doce mayores proyectos de cobre greenfield del mundo, con una inversión potencial estimada en 30.000 millones de dólares, que permanecen sin definición por la falta de criterios científicos claros sobre las zonas a proteger.
El Presidente ya había anticipado su intención de reformular la legislación, promoviendo un enfoque que otorgue a las provincias un rol central en la delimitación de áreas glaciares y periglaciares. En ese marco, Milei mencionó que la iniciativa surgió, en parte, a partir de una propuesta del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, orientada a que las jurisdicciones locales definan los límites y puedan desarrollar sus recursos naturales.
El Gobierno también vinculó la reforma con los consensos alcanzados en la Mesa del Litio, integrada por Catamarca, Jujuy y Salta, y en la Mesa del Cobre, conformada por Mendoza y San Juan, además de los compromisos asumidos en el denominado Pacto de Mayo, enfocado en un modelo de desarrollo federal y sostenible. Desde el sector privado y técnico, se expresó respaldo a la necesidad de un marco normativo más preciso y consensuado para las actividades en zonas cordilleranas.
