PERÚ APROBÓ LA EXTRADICIÓN DEL ACUSADO POR EL TRIPLE FEMICIDIO DE FLORENCIO VARELA
El gobierno peruano autorizó el traslado de Tony Janzen Valverde Victoriano para que sea juzgado en la Argentina por los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.
El gobierno de Perú autorizó formalmente la extradición a la Argentina de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, acusado de ser el principal responsable del triple femicidio ocurrido en Florencio Varela. La medida habilita su traslado para ser sometido a proceso judicial por los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.
La decisión quedó plasmada en una resolución administrativa firmada por el presidente de la República del Perú y por los ministros de Justicia y Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores. En el documento, el Poder Ejecutivo peruano resolvió acceder a la solicitud de extradición pasiva presentada por las autoridades argentinas, con el objetivo de que el imputado sea juzgado ante los tribunales competentes.
Según consta en la resolución, Valverde Victoriano está imputado por el delito de homicidio agravado, con múltiples agravantes. La calificación legal incluye la presunta comisión de los crímenes con el concurso premeditado de dos o más personas, mediando ensañamiento y alevosía, además de haber sido perpetrados en un contexto de violencia de género. Los hechos se encuentran tipificados como reiterados en tres oportunidades y en concurso real entre sí.
El texto oficial destaca que la gravedad de la imputación y la naturaleza de los hechos justificaron el pedido de cooperación internacional, con el objetivo de evitar la impunidad del acusado. El señalado había abandonado la Argentina y se encontraba en territorio peruano al momento de iniciarse el trámite de extradición.
No obstante, la entrega efectiva del imputado quedó sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones. El artículo segundo de la resolución establece que la Autoridad Central peruana deberá verificar previamente que Valverde Victoriano no registre procesos penales pendientes, condenas firmes ni requisitorias ante la justicia de ese país. En caso de existir alguna de estas situaciones, la extradición quedará aplazada.
Finalmente, el gobierno de Perú dispuso que el Estado argentino deberá garantizar el cómputo del tiempo durante el cual el acusado permaneció privado de su libertad en el marco del procedimiento de extradición. La exigencia busca asegurar el respeto de las garantías procesales y de la normativa vigente aplicable al caso.
