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EL CONCEJO DELIBERANTE DE POMÁN IMPULSÓ UNA DENUNCIA PENAL CONTRA EL INTENDENTE GORDILLO

La medida fue aprobada por mayoría y está vinculada con la compra de la denominada “Casa Santa Rita”. También solicitaron una auditoría extraordinaria sobre la Tesorería municipal.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE POMÁN IMPULSÓ UNA DENUNCIA PENAL CONTRA EL INTENDENTE GORDILLO

La medida fue aprobada por mayoría y está vinculada con la compra de la denominada “Casa Santa Rita”. También solicitaron una auditoría extraordinaria sobre la Tesorería municipal.

El Concejo Deliberante de Pomán aprobó la Resolución N° 014/2026 mediante la cual decidió avanzar con una denuncia penal contra el intendente Francisco Gordillo y otros funcionarios municipales por la adquisición directa del inmueble conocido como “Casa Santa Rita”. La iniciativa fue respaldada por mayoría calificada y forma parte de una investigación iniciada por el cuerpo legislativo sobre la operación inmobiliaria.

La resolución autoriza al presidente del Concejo, Walter Centeno, a presentar una denuncia ante la Fiscalía de Instrucción contra el jefe comunal, el secretario de Despacho que suscribió el Decreto de Necesidad y Urgencia utilizado para concretar la compra y el director de Tesorería General, Diego Maciel Quinteros. La acusación se fundamenta en presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

Además, el Concejo rechazó la documentación presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal respecto de la operación, declaró la ineficacia jurídica del decreto rectificatorio emitido posteriormente y dio por agotada la instancia administrativa interna. También resolvió remitir las actuaciones al Tribunal de Cuentas de la Provincia para solicitar una auditoría integral extraordinaria sobre la Tesorería de la Municipalidad de Pomán.

El conflicto se originó por la compra de la propiedad mediante un DNU, en una operación valuada en aproximadamente 40.000 dólares y abonada en 59,2 millones de pesos en efectivo. Los concejales sostienen que la adquisición no fue sometida a la aprobación del cuerpo legislativo, pese a que la normativa municipal exige autorización previa para este tipo de operaciones. También cuestionan presuntas inconsistencias entre la información brindada por el Ejecutivo y la documentación de la compraventa.

La controversia se profundizó tras una sesión convocada para que el intendente respondiera preguntas sobre la operación. Durante el encuentro, Gordillo rechazó el mecanismo de interpelación, se negó a responder el cuestionario elaborado por los concejales y protagonizó un fuerte cruce con el presidente del Concejo antes de retirarse del recinto. Ahora, la causa continuará bajo análisis de la Justicia y de los organismos provinciales de control.

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