ANULARON EL SOBRESEIMIENTO DE PAULO IBÁÑEZ Y EL JUEZ DEBERÁ RESOLVER OTRA VEZ
La Cámara de Apelaciones consideró que la decisión no estaba debidamente fundamentada. La defensa desistió de recurrir y pidió una nueva resolución urgente.
El exdirector del Registro de la Propiedad Inmueble, Paulo Ibáñez, desistió ayer de recurrir ante Casación la anulación de su sobreseimiento en la causa que investiga un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Su situación volverá a quedar en manos del Juzgado de Control de Garantías Nº 1, que deberá emitir un nuevo pronunciamiento con mayor fundamentación.
La Cámara de Apelaciones anuló el sobreseimiento el 13 de agosto al considerar que la resolución dictada por el juez Santiago Ahumada Franzini presentaba un déficit de fundamentación. Tras el fallo, la defensa de Ibáñez, encabezada por Sebastián Ibáñez, solicitó que el expediente fuera remitido con carácter de “muy urgente” al Juzgado de Control para evitar que los plazos continúen dilatándose.
La defensa sostuvo que la anulación no implica el rechazo definitivo del sobreseimiento, sino que obliga al magistrado a explicar con mayor precisión su decisión. También pidió que se fundamente la elevación a juicio de Norma del Valle Bravo y Andrea Beatriz Pacheco, quienes están imputadas como coautoras junto con Ibáñez. Fuentes judiciales indicaron que el nuevo escrito podría ser elaborado por Jonathan Felsztyna, quien reemplazaría a Ahumada Franzini el martes 1 de septiembre.
Ibáñez, Bravo y Pacheco están acusados de no inscribir en el Registro de la Propiedad Inmueble dos matrículas catastrales a nombre de Edgar Adhemar Bacchiani, fundador y CEO de Adhemar Capital SRL. La investigación comenzó en 2022, luego de que Bacchiani y sus principales colaboradores fueran detenidos por orden de la Justicia Federal. Según la acusación, Ibáñez habría ordenado a las dos trabajadoras omitir la carga digital de los inmuebles para impedir que fueran reclamados por los acreedores.
El fiscal Facundo Barros Jorrat elevó la causa a juicio en diciembre de 2024. Un año después, Ahumada Franzini sobreseyó a Ibáñez y confirmó que Bravo y Pacheco debían afrontar el debate. Fiscalía de Estado apeló, pero sus abogados no asistieron inicialmente a la audiencia para fundamentar su oposición. Tras alegar problemas con la notificación, consiguieron una nueva audiencia y la Cámara finalmente declaró nula la resolución.
