EL GOBIERNO AVANZA EN EL CONGRESO CON LA REFORMA DE LA LEY DE GLACIARES
Con el inicio de las sesiones extraordinarias, el oficialismo impulsa cambios en la normativa 26.639 para flexibilizar las restricciones en zonas periglaciares y habilitar actividades mineras y de hidrocarburos.
Este lunes 2 de febrero, el Congreso de la Nación retomó formalmente su actividad legislativa en el marco de las sesiones extraordinarias, con la reforma de la Ley de Glaciares como uno de los temas centrales de la agenda. El proyecto es impulsado por el gobierno de Javier Milei y tiene como fecha prioritaria de debate el martes 10 de febrero, según el cronograma parlamentario definido para este período.
La iniciativa, presentada por el bloque de La Libertad Avanza, propone modificar artículos clave de la ley 26.639 con el objetivo de redefinir el alcance de la protección ambiental. El eje del planteo oficial consiste en limitar la tutela legal únicamente a aquellos glaciares que acrediten una “función hídrica efectiva y estratégica”, lo que implicaría flexibilizar las restricciones vigentes sobre actividades productivas en zonas de alta montaña.
Desde el oficialismo sostienen que la normativa actual genera un escenario de “inseguridad jurídica” que ha frenado inversiones de gran magnitud en sectores como la megaminería y la explotación de hidrocarburos. Bajo ese argumento, el Gobierno busca habilitar proyectos actualmente vedados por desarrollarse en áreas consideradas periglaciares, sin modificar —según su postura— los mecanismos de control y auditoría ambiental.
La propuesta despertó un fuerte rechazo en la oposición, encabezada por el bloque de Unión por la Patria, y en organizaciones ambientalistas. Estos sectores advierten que la reforma podría dejar sin protección a reservas estratégicas de agua dulce y comprometer fuentes esenciales para el consumo humano y el equilibrio de los ecosistemas. En ese contexto, ya se anunciaron movilizaciones y expresiones de protesta durante la semana.
La discusión adquiere especial relevancia en provincias con perfil minero como San Juan, Catamarca y Jujuy, donde el desarrollo del litio y el cobre es considerado un eje estratégico del crecimiento económico. Allí, los legisladores enfrentan presiones contrapuestas entre quienes reclaman mayor autonomía provincial en el manejo de los recursos naturales y quienes rechazan cualquier modificación del marco ambiental vigente.
El debate sobre la Ley de Glaciares se perfila así como uno de los más sensibles del período legislativo, con implicancias directas en el modelo productivo y en la política ambiental de la Argentina.
